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ESSALUD ¿MÁS SALUD PARA MÁS PERUANOS? – La superposición de disposiciones administrativas sobre derechos constitucionales

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Essalud durante el último periodo gubernamental (2001-2006) ha sido uno de los organismos mas golpeados por su “nefasta” política de atención a sus usuarios; han ocurrido casos en los que trabajadores de este organismo iniciaban paralizaciones en pro de aumentos y homologaciones de sueldos cerrando sus puertas de atención al publico entre tanto no sean resueltas sus exigencias con pronunciamientos mas o menos favorables a los intereses de los reclamantes. Los únicos perjudicados… “los asegurados” quienes a pesar de no recibir atención alguna se encuentran obligados a cumplir a cabalidad con el pago de sus aportaciones mensuales con cargo a ser apercibidos en caso de incumplimiento con la suspensión de sus seguro de salud, es decir, se paga por un servicio que no se presta.

El problema descrito, quizá sea el que genere más quejas y reclamos mudos; cuyo único destino será el olvido; sin embargo no es el único ni tampoco, menos grave que otros, que atentan contra el derecho de acceso a la salud de los asegurados. Para ello basta con acercarse a las instalaciones de los centros de atención de salud de Essalud (hospitales o policlínicos), más precisamente, a los módulos administrativos instalados para la obtención de citas de atención en los que de modo suficientemente visible se encontrara advertencias escritas que precisan que: “por disposición de la dirección, no se dará citas con DNI vencidos”. Disposición que entendemos es por demás irracional en tanto atenta contra derechos de reconocida jerarquía suprema por nuestra carta constitucional como es el caso del derecho a salud.

Éste es pues el motivo de la presente nota, con la que pretendemos contribuir a la eliminación sostenida de disposiciones administrativas de tal naturaleza. Sabemos que toda persona tiene derecho a su integridad física (Base legal. Art. 2º inc. 1) Const.) y, ésta se ve reflejada en el hecho de que todos tienen derecho a la protección de su salud así como el deber de contribuir a su promoción y defensa (Base legal. Art. 7º Const.) pues si no gozamos de salud (o de buena salud si se quiere), difícilmente podremos decir que nuestra integridad física se encuentra en perfectas condiciones. Ahora bien, por un lado tenemos perfectamente entendido que constitucionalmente se tiene reconocidos estos derechos, por otro lado corresponde determinar ¿que tan razonable y coherente es la exigencia de presentación de un DNI vigente para la obtención de una cita de atención medica?.

Enfáticamente diremos que: ¡es completamente irracional!; por cuanto la primera norma dentro de nuestro ordenamiento jurídico es la Constitución del Estado, la misma que debe ser entendida como la mas importante porque contiene normas que no pueden ser contradichas ni desnaturalizadas (como el acceso al derecho a la salud) por ninguna otra norma del sistema legislativo, ni mucho menos por ningún otro pronunciamiento dentro del Estado que produzca efectos jurídicos, es decir, una disposición administrativa como la que cuestionamos en la presente nota. Ello en atención a que de la Constitución emana el principio jurídico denominado “Supra-ordinador” que es el principio de constitucionalidad de todo el sistema jurídico (incluido el sistema legislativo), que señala que las normas constitucionales tienen primacía por sobre cualquier otra norma del sistema y que, en caso que cualquier otra norma o disposición administrativa se oponga de algún modo a la norma constitucional, será esta ultima la que se aplique sobre la otra; dicho de otro modo, si existe una norma de rango inferior a la constitución o alguna disposición administrativa que limite los derechos reconocidos en ella, dejara de aplicarse dicha norma de inferior jerarquía o disposición, toda vez que toda actuación debe encontrarse siempre orientada por el respeto y aplicación de la Constitución.

Dicha disposición administrativa evidencia su irracionalidad en tanto la lógica de contratación que se emplea es la siguiente: Existe un asegurado y un asegurador (Essalud), el asegurado debe cumplir con abonar mes a mes al asegurador un monto determinado por la prestación del servicio de salud (sea efectiva o no) y el asegurador debe cumplir con prestar atención medica al asegurado cuando éste la requiera; dicha lógica es recogida en modo similar en los establecimientos de atención de salud publica (postas medicas y hospitales del MINSA) donde el paciente cada vez que requiere una prestación de salud acude al centro de salud a fin de obtener una cita de atención medica y abona un monto determinado de dinero por la prestación a recibir; siendo que para obtener la cita de atención medica basta con abonar el costo de la atención y presentar cualquier documento que permita una plena identificación (sin que ello implique que se tenga que presentar necesariamente un DNI vigente).

A manera de conclusión diremos que existe un exceso por cuenta de Essalud que por calificarlo de algún modo, es irracional, toda vez que no es posible limitar un derecho de índole constitucional como lo es el derecho a la salud con un requerimiento de tal naturaleza, pues seria como decirle a una persona que no puede salir de su casa o recibir la visita de sus amigos (derechos reconocidos constitucionalmente) si no tiene su DNI vigente; entendemos sin duda que existen situaciones para las que es imprescindible contar con un DNI vigente (para el supuesto de realizar actos de disposición por ej.); situaciones en las que resulta perfectamente exigible contar con un DNI vigente, sin embargo como lo venimos sosteniendo, cuando sin sustento alguno se establecen requerimientos que limitan derechos entendidos no solo como constitucionales sino como fundamentales a cualquier ciudadano, tales requerimientos devendrán en incoherentes, irracionales e inaplicables.

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