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JUNTOS PERO NO REVUELTOS: BREVES APUNTES EN TORNO A LOS SISTEMAS DE CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE LAS LEYES; el adoptado en el Perú y algunos países de latinoamerica

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Id est Ius Año III Nº 3

PUBLICADO EN: Revista Jurídica ID EST IUS Año “III” N° 3, Ed. ADRUS, Arequipa: Junio 2007, pp.37-46.

El siglo pasado se ha caracterizado por una amplia difusión de la justicia constitucional y entre los motivos de tal desarrollo se debe tomar en consideración el hecho que la justicia constitucional ha representado la principal y más eficaz respuesta del Estado democrático de Derecho a la exigencia de asegurar una tutela efectiva de los derechos fundamentales”

Giancarlo ROLLA

Juicio de Legitimidad Constitucional en Vía Incidental

y Tutela de los Derechos Fundamentales

SUMARIO: I. Antecedentes Históricos. – II. Los Sistemas de Control de Constitucionalidad de las Leyes (Objeto y Fines). – III. Sistema de Control Concentrado y funciones del Tribunal Constitucional. – IV. Sistema de Control Difuso y funciones del Poder Judicial. – V. La Convergencia de los Sistemas de Control de Constitucionalidad de las Leyes: Sistema Dual, Mixto o Paralelo. -  VI. El Sistema de Control de Constitucionalidad Italiano: Un caso muy especial.- VII.- El Control de Constitucionalidad en el Perú (Sistema adoptado). - VIII. El Control de Constitucionalidad de la legislación anterior a la Constitución y Control de Constitucionalidad de Normas Derogadas. – IX. Los Sistemas de Control de Constitucionalidad de las Leyes adoptados en América Latina: Peculiaridades y Divergencias con el Sistema de Control de Constitucionalidad de las Leyes adoptado por el Perú. – X. Conclusiones.

I.  ANTECEDENTES HISTORICOS.

El Derecho Procesal Constitucional actual encierra dos marcados sistemas de control de la constitucionalidad de las leyes; los mismos que son creados para controlar de abusos del poder del estado frente a los ciudadanos. El famosísimo caso Marbury vs. Madison[1] constituye, sin duda, referente obligatorio para este tema, dado que provocó la implementación en Estados Unidos del Sistema de Control Difuso o Judicial Review mediante el cual se atribuye al poder judicial (magistrados ordinarios) facultades suficientes para ejercer el control de constitucionalidad de las leyes dentro de un ordenamiento jurídico –cuando éstas se enfrentan al texto constitucional[2]- e inaplicarlas en casos concretos en el supuesto que al ser dubitadas se comprobase su contrariedad a la constitución.[3]

Mientras ello ocurría, el gran maestro Vienés, Hans Kelsen concibió un modelo de control concentrado de constitucionalidad, que consistía en la creación de un Tribunal ad-hoc que se encargara de ser el intérprete supremo de la ley en forma abstracta (sin referencia a un caso concreto), el mismo que tendría de alguna forma la calidad de legislador negativo por su capacidad de derogar, mediante pronunciamiento con rango de ley toda aquella norma infraconstitucional que fuere sancionada como inconstitucional; esta innovadora idea se concretiza en Austria entre los años 1919 a 1931. En el Perú, es recién en el año 1979 que se regula la creación del Tribunal de Garantías Constitucionales, hoy llamado Tribunal Constitucional y que para un buen sector de la doctrina debiera llamarse “Supremo Interprete de la Constitución”; situación abiertamente superada con la dación de la ley 28301 (Ley Orgánica del Tribunal Constitucional) que en su articulo primero señala que el Tribunal Constitucional es el órgano supremo de interpretación y control de Constitucionalidad.[4]

II. LOS SISTEMAS DE CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD (Objeto y Fines).

El Estado Constitucional de Derecho (democrático) supone la existencia de una norma superior (denominada según preferencias como Constitución, Carta Constitucional, Carta Magna, Carta Suprema, Constitución del Estado, etc.) que reconozca los derechos fundamentales de todo ciudadano y que vincule a todos –absolutamente todos- a su observancia, al cumplimiento y respeto de los derechos reconocidos en ella.

Expresa el maestro Quiroga León que: Lo fundamentalmente nuevo del Estado Constitucional frente a todo el mundo del autoritarismo, es la “fuerza vinculante bilateral de la norma constitucional”; esto es, la vinculación o sujeción a la Constitución de todas las autoridades (absolutamente todas) y al mismo tiempo de todos los ciudadanos.[5]

Asimismo, los Estados democráticos actuales, tienen como principal característica el reconocimiento y protección de los derechos fundamentales –sea que se encuentren contemplados en sus propias cartas constitucionales o en las declaraciones de derechos humanos- de sus habitantes; regulando –y en algunos casos creando[6]- para ello, mecanismos apropiados que permitan una efectiva vigencia de tales derechos[7]. En el caso que nos ocupa, regulando mecanismos que permitan un efectivo control de constitucionalidad de las leyes para evitar la aplicación y/o permanencia al interior de un ordenamiento jurídico de normas que contravienen la carta constitucional y como consecuencia de ello se produzcan afectaciones a derechos contemplados por la Constitución de Estado democrático.

Sin duda alguna, coincidimos plenamente con el maestro Aníbal Quiroga al referir que: “la justicia constitucional ha representado la principal y más eficaz respuesta del Estado democrático de derecho a la exigencia de asegurar una tutela efectiva de los derechos fundamentales”.[8]

En el mismo sentido el profesor italiano Giancarlo Rolla refiere que: “El proceso de democratización que ha caracterizado a muchísimos países de Europa Oriental y de América Latina se califica por el reconocimiento de los derechos fundamentales de muchos institutos típicos del Estado de Derecho, por la institucionalización de formas de justicia constitucional”.[9]

De otro lado Rivera Santivañez enseña que “El control de constitucionalidad es la acción política o jurisdiccional que tiene la finalidad de garantizar la primacía de la Constitución, la que debe ser acatada y cumplida por todos los órganos del poder público, los gobernantes y gobernados, así como aplicada con preferencia a las leyes, decretos o resoluciones.[10]

El Derecho Procesal Constitucional reconoce la existencia de dos marcados sistemas de control de constitucionalidad:

i)                    El Sistema de Control Difuso o Judicial Review (de origen Americano) y,

ii)                  El Sistema de Control Concentrado (Verfassungerichtsbarkeit: de origen Austriaco).

Estos dos sistemas de control constitucional tienen por objeto, someter a un análisis de constitucionalidad a las normas dentro del ordenamiento jurídico acusadas de inconstitucionales. Sin embargo para efectuar el control de constitucionalidad, según refiere el insigne jurista Néstor Pedro Sagués –citado por Rivera Santivañez[11]- deben concurrir los siguientes presupuestos:

i)                    Constitución total o parcialmente rígida,[12]

ii)                  Órgano de control independiente,[13]

iii)                 Órgano con facultades decisorias,[14]

iv)                Derecho de los particulares a solicitar el control[15] y,

v)                 Sometimiento al control de toda actividad estatal.[16]

En el supuesto que se acredite que la norma dubitada es inconstitucional, dependiendo de cual sea el órgano de control que así la sancione, podría ser inaplicada al caso en el que se ha invocado o se pretende su aplicación o, expulsada del ordenamiento jurídico al que pertenece. En el supuesto que se determine su expulsión del ordenamiento jurídico vigente el efecto producido por el pronunciamiento que así lo dispone, se considerará erga omnes no pudiendo aplicarse dicha norma a un nuevo caso con similares o idénticas características. Los efectos que produzca el pronunciamiento que decide la contrariedad a la Constitución de la norma dubitada pueden ser también inter partes, por lo que al ser considerada la norma dubitada contraria a la constitución, y a pesar de ello, ésta continua formando parte del ordenamiento jurídico, pudiendo ser aplicada –al menos en teoría- por otro operador jurídico a otro caso concreto; toda vez que la sanción de contrariedad a la constitución únicamente la convierte en inaplicable para el supuesto concreto en el que se produjo la confrontación normativa. 

Según hemos señalado en líneas precedentes, los sistemas de control de constitucionalidad de las leyes –y en general el Derecho Procesal Constitucional- persiguen como finalidad la plena vigencia, sin ninguna clase de afectaciones, de los derechos reconocidos por la Constitución del Estado democrático.

III. SISTEMA DE CONTROL CONCENTRADO Y FUNCIONES DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.

En principio, debemos señalar que este sistema de control de constitucionalidad ha recibido diversas denominaciones, entre las que destacan:

  1. Sistema de Control Ad Hoc,
  2. Sistema de control Concentrado,
  3. Sistema de Control Europeo,
  4. Sistema de Control Austriaco,
  5. Sistema de Control kelseniano.
  6. Sistema de Control Verfassungerichtsbarkeit.

Por lo que referirnos a este sistema, se empleará indistintamente cualquiera de estas denominaciones.

Por el año 1919, el maestro Vienés, Hans Kelsen concibió un modelo de control concentrado de constitucionalidad (si bien vigente hasta la actualidad pero no en puridad), que consistía en la creación de un Tribunal ad-hoc cuya única labor sería la de ser el intérprete supremo de la ley en forma abstracta, es decir, sin referencia a un caso concreto; gozando de alguna forma de potestades legislativas negativas por su capacidad de derogar, mediante pronunciamiento con rango de ley toda aquella norma infraconstitucional que fuere sancionada como inconstitucional.

Las acciones de control constitucional –mediante este sistema- tienen una pretensión “de orden abstracto, objetivo, y estará dirigida a preservar y defender en abstracto la constitucionalidad y legalidad de las manifestaciones del Estado a través de sus órganos y organismos y derivadas del uso de las facultades o poderes que la Constitución y las leyes les ha atribuido a los mismos”[17].

El sistema de control constitucional europeo supone la existencia de un “órgano ad-hoc especialmente constituido para tal fin, de modo directo, abstracto y derogatorio erga omnes”[18], en este caso de un Tribunal Constitucional o Corte Constitucional, entendidos como el máximo órgano de control y de interpretación de la Carta Constitucional del Estado Democrático.

La constitución define al Tribunal Constitucional como el “Órgano de Control de la Constitución” correspondiéndole dos facultades esenciales:

i)                    Interpretación de los postulados constitucionales bajo cuyo marco habrá de hacer la labor de control constitucional.

ii)                  Diseñar y definir los alcances de los demás Órganos del Estado de modo tal que se logre una sistematicidad y unidad constitucional.[19]

Corresponde al Tribunal Constitucional “ser el supremo intérprete constitucional para el ejercicio del control constitucional erga omnes con efecto vinculante[20], para lo cual debe previamente interpretar adecuadamente el alcance de sus propias atribuciones y facultades con objeto de determinar los parámetros de las facultades que le han sido conferidas por la Carta Constitucional del Estado. En este sentido, dice el maestro Aníbal Quiroga que “esta tarea debe estar dirigida a interpretar en primer lugar, los alcances, la recreación y la determinación de los verdaderos límites constitucionales de sus propias facultades, para luego poder determinar los alcances de las potestades de los demás órganos del Estado, o del Parlamento en particular cuando del control de la constitucionalidad de las leyes se trate”.[21]

El Tribunal Constitucional realizará “el examen abstracto (esto es, sin referencia a un caso concreto alguno en donde esté en disputa derecho subjetivo alguno) de la ley dubitada y en donde el referente constitucional, (…) en análisis de subsunción, si la norma legal dubitada es o no incompatible con la constitución.[22]

Si la primera premisa es cierta, la demanda será rechazada y la norma cuestionada de inconstitucional regresará al sistema jurídico en las mismas condiciones anteriores al cuestionamiento, es decir, en plena vigencia y constitucionalizada.

Si la segunda premisa es la cierta, la norma es derogada de modo directo por el poder constituido en el Tribunal Constitucional[23], quien actúa como legislador negativo.

Como sostiene Aníbal Quiroga, citando a Alonso García, el Tribunal Constitucional goza de una facultad creadora de normas sub-constitucionales en su condición de constituyente delegado.[24]

La demanda de inconstitucionalidad de una norma legal dubitada no es propiamente una demanda en los términos que formula la Teoría General del Proceso como pretensión de un derecho público-subjetivo, sino propiamente una iniciativa legislativa que la constitución reconoce a los legitimados taxativamente para ello en el Art. 203 de su texto normativo.[25]

La doctrina procesal constitucional señala que los mecanismos de control directo de la constitucionalidad de las leyes ante el Tribunal Constitucional son una especie de “iniciativa legislativa negativa

De lo expuesto precedentemente podemos señalar como principales características de este sistema de control constitucional, que se trata de un:

Control Concentrado: La facultad para ejercitar el control de constitucionalidad se encuentra reconocida y concentrada en un solo órgano designado para tal fin; éste es el Tribunal Constitucional; no pudiendo ejercer dicha potestad ningún otro tribunal u órgano jurisdiccional –al menos con las mismas prerrogativas y facultades-.

Control Directo: El control de constitucionalidad se ejercita en forma directa en un proceso –de inconstitucionalidad- iniciado con el único propósito de verificar –en abstracto- la conformidad con la Constitución de la norma dubitada.

Control Abstracto.- Solo puede calificarse la inconstitucionalidad de la norma en forma abstracta, es decir, sin referencia ni necesidad de existencia de un caso concreto en el que vaya a aplicarse la norma cuestionada. Se trata de un análisis de puro derecho realizándose una confrontación entre la norma dubitada con el texto constitucional. No es necesaria su comprobación mediante su aplicación a un caso concreto.  

Control con Efectos “Erga Omnes: En el supuesto que se comprobase la inconstitucionalidad de la norma dubitada, ésta será expulsada –derogada- del ordenamiento jurídico vigente no pudiendo aplicarse ni ser invocada su aplicación con posterioridad a tal derogatoria; en cambio, si no se comprueba su contrariedad a la Constitución, ésta retornará al ordenamiento jurídico más constitucionalizada que antes del cuestionamiento, siendo aplicable a todos los supuestos en los que resulte pertinente.

Finalmente, considerando el momento en el cual pueda ser ejercido el control de constitucionalidad, se ha diferenciado entre Control Sucesivo o Preventivo. En el segundo caso, la verificación se opera antes de la promulgación y en la entrada en vigencia de la ley; en la primera hipótesis, en cambio, el juez constitucional se pronuncia acerca de la conformidad en Constitución de normas ya ejecutadas y aplicables.[26]

IV.  SISTEMA DE CONTROL DIFUSO Y FUNCIONES DEL PODER JUDICIAL.

Se dice Control “Difuso” (denominado además como Judicial Review, Sistema Americano de Control Constitucional o Sistema Judicial de Control Constitucional[27]) en tanto que “no hay ni un órgano específico ni un procedimiento directo para tal, pues se halla difuminado, difundido entre todos los Jueces del Poder Judicial”.[28]

Este tipo de Control Constitucional presupone la instauración de procesos ordinarios en los que en forma incidental se advierta una posible confrontación entre una ley y el texto de la Constitución; facultando al Juez de la causa concreta a efectuar un análisis de constitucionalidad de la norma dubitada (confrontada con la Constitución) a efectos de determinar si ésta se encuentra adecuada al texto constitucional, respetando el mismo o si contraviene a éste, pudiendo inaplicar dicha norma y preferir el texto constitucional en este último supuesto en decisión debidamente motivada. Cabe advertir que a diferencia del Tribunal Jurisdiccional, los jueces ordinarios no gozan de “Iniciativa Legislativa Negativa” por lo que si bien la norma dubitada es inaplicada por el juez de la causa, puede sin mayor dificultad ser aplicada a un nuevo caso concreto con similares o idénticas características ante el mismo u otro juez. 

Esta potestad de los jueces ordinarios se encuentra reconocida por el artículo VI del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional que regula la existencia del sistema de control difuso en el Perú al sostener que:

Los Jueces interpretan y aplican las leyes o toda norma con rango de ley y los reglamentos según los preceptos y principios constitucionales, conforme a la interpretación de los mismos que resulte de las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional

La facultad exclusiva y excluyente del Tribunal Constitucional, es de la misma dimensión y cualidad constitucional que la facultad de control constitucional que la misma Carta Política reconoce al Poder Judicial en orden a la aplicación de la facultad del Control Difuso previsto en la 2da parte del Art. 138º de la Constitución por lo que puede reputarse también como una facultad exclusiva y excluyente del Poder Judicial.

El sistema de judicial review supone el ejercicio del control de constitucionalidad mediante el “Poder Judicial en un caso concreto, subjetivo, de manera difuminada y con efecto sólo interpartes”[29] que se encuentra “a cargo de los magistrados del Poder Judicial, quienes al resolver los casos concretos que conocen, si observan que entre las posiciones jurídicas que arguyen las partes existe incompatibilidad entre una norma constitucional y una de inferior jerarquía, deben preferir la primera y, así sucesivamente en escala normativa; ejerciendo un control sólo para el caso concreto, conlleva la inaplicación excepcional de la norma inconstitucional al mismo, sin alcances generales ni anulatorios ni derogatorios de la norma inaplicada”[30]. En el caso del sistema difuso, “el control es ejercido por cualquier juez el cual, utilizando en la resolución de una concreta controversia jurídica los poderes intepretativos ordinarios, puede no aplicar las normas que considera viciadas por ilegitimidad constitucional.[31]

De lo expuesto precedentemente podemos señalar como principales características de este sistema de control constitucional, que se trata de un:

Control Difuso: En tanto que la facultad para ejercitar el control de constitucionalidad se encuentra reconocida a todos los jueces del Poder Judicial, cual fuere su rango o jerarquía; por cuanto no se encuentra asignado a ningún juez en específico.

Control Incidental: El control de constitucionalidad se ejercita incidentalmente en un proceso cualquiera cuyo objeto de controversia es uno distinto al cuestionamiento de validez de la norma dubitada; es decir, el proceso no se inicia precisamente para cuestionar la validez de la norma sino que este cuestionamiento surge como una cuestión incidental.

Control Concreto.- Solo puede calificarse la inconstitucionalidad de la norma a partir de la existencia de un caso concreto y su aplicación –lesiva de derechos fundamentales- al mismo.

Control con Efectos “inter partes: Dado que la inaplicación de la norma –por considerarla inconstitucional- al caso concreto a partir del cual surgió el cuestionamiento, no determinará su inaplicación a otros casos con identidad de características; en aquellos, el nuevo juez deberá realizar un nuevo análisis de compatibilidad constitucional. La norma inaplicada continuará desplegando efectos en tanto se le considera aun vigente y perteneciente al ordenamiento jurídico.

Es preciso señalar que existen algunos requisitos o limitaciones al ejercicio del control judicial de constitucionalidad; al respecto, Carpio Marcos[32] expone las siguientes:

A/. El control de constitucionalidad se ejercita dentro de un caso judicial (Cases and controversies).

B/. La norma a enjuiciar debe ser relevante para resolver el caso concreto.

C/. La ley cuestionada ha de encerrar la lesión de un interés constitucionalmente protegido (personal, directo o de inminente realización).

D/. Cuando la ley es susceptible de dos interpretaciones, el Tribunal debe interpretarla en la manera que se asegura su validez (Interpretation with the armony to the constitution). 

V. LA CONVERGENCIA DE LOS SISTEMAS DE CONTROL DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LAS LEYES: SISTEMA DUAL, MIXTO[33] O PARALELO.

En nuestro Ordenamiento Jurídico es de resaltar la peculiaridad de que coexistan al interior del texto constitucional los dos sistemas de control de la constitucionalidad de las leyes, esto es: (i) el Difuso (Judicial Review) o Americano; y (ii) el Concentrado o Europeo.[34]

Esta coexistencia dual o paralela permite que la jurisdicción constitucional pueda ser validamente ejercida no solamente por los Magistrados del Tribunal Constitucional, sino también por los Magistrados ordinarios del Poder Judicial, los cuales gozan de una doble potestad; la de ser jueces ordinarios de la causa concreta puesta en su conocimiento y la de ser jueces constitucionales en ejercicio del control difuso de la constitucionalidad de las leyes aplicables al caso concreto que conoce. Esta facultad se encuentra reconocida a todo el ámbito competencial del Poder Judicial en tanto que, sus Magistrados en cualquier instancia pueden Hacer uso de la facultad (control difuso)” de inaplicación de una norma legal para un caso concreto, cuando ésta sea considerada inconstitucional.

En aquellos ordenamientos que optan por una competencia paralela, del Tribunal Constitucional y de los Jueces ordinarios para someter a un análisis de conformidad con la Constitución de las normas infra constitucionales se constituye un suerte de doble garantía constitucional al ciudadano por cuanto se faculta en un primer momento a Tribunal Constitucional para que realizando un análisis abstracto de constitucionalidad, declare con efectos erga omnes la inconstitucionalidad de aquellas normas que contravienen el texto constitucional, desempeñando un papel de garante abstracto del ordenamiento constitucional en sentido objetivo, depurándolo de las normas ilegitimas y; en un segundo momento, cuando la norma inconstitucional ha sido invocada para resolver un caso concreto, facultando a los jueces, quienes no aplicando la norma en el caso concreto, ofrecen una tutela directa de cada posición subjetiva. Hacemos esta diferenciación de momentos puesto que lo ideal será siempre que toda norma inconstitucional sea expulsada del ordenamiento jurídico, ya sea mediante derogación directa o mediante la potestad de constituyente delegado del Tribunal Constitucional para que no pueda ser invocada ni aplicada con posterioridad a la declaración de contrariedad con el texto constitucional en ningún supuesto concreto; en este orden de ideas consideramos que la labor del Poder Judicial de inaplicación de normas calificadas como inconstitucionales a casos concretos debe ser residual, es decir, debe ser la segunda garantía al ciudadano de no ver vulnerados sus derechos mediante la aplicación de normas inconstitucionales; ello en atención a los efectos inter partes que tienen los pronunciamientos judiciales puesto que queda abierta la posibilidad de la aplicación de la norma inaplicada en otro caso concreto.

A esta doble garantía de defensa de la Constitución, debería incluso integrarse en forma uniforme la garantía de control concentrado preventivo, no regulada aún en muchos ordenamientos, pues constituiría una mayor garantía para la plena vigencia de los derechos constitucionales del ciudadano si se advirtiera antes de su entrada en vigencia, que una norma es inconstitucional.   

VI.  EL SISTEMA DE CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD ITALIANO: UN CASO MUY ESPECIAL.

El modelo Italiano –también denominado Incidental[35]- rompe el esquema de control de constitucionalidad tradicional decorando con algunos matices el suyo, pues el control de constitucionalidad se efectúa, hasta cierto punto, en forma conjunta dejando la Corte o Tribunal Constitucional, márgenes de apreciación a los jueces ordinarios quienes actúan como un filtro para determinar lo que será sometido a juicio de constitucionalidad. En este caso, consideramos que se puede hablar de un Sistema Mixto por las características que posee.

El órgano competente en decidir sobre la constitucionalidad de una norma es único (Tribunal Constitucional) como ocurre en el caso del modelo Europeo pero el juez ordinario es un personaje activo y se encuentra extremadamente vinculado al cuestionamiento constitucional como ocurre en el modelo Americano. Explicamos por qué…

El Sistema Italiano requiere –necesariamente- en principio, la existencia de un caso concreto en el que se ventile una confrontación de posiciones subjetivas y se pretenda aplicar una determinada norma; si el juez advierte que la norma a aplicar aparenta ser inconstitucional, ante esta duda y; sólo en ese supuesto –y como único ente facultado- planteará la cuestión de constitucionalidad ante el Tribunal Constitucional a efectos que sea ésta quien decida si la norma dubitada es o no constitucional. Es por ello que “el juez a quo es el dominus de la cuestión que deberá ser decidida por el Tribunal Constitucional: a éste, de hecho, le compete definir el thema decidendum del juicio de constitucionalidad, determinando ya sea a la norma de cuya constitucionalidad duda, como la disposición constitucional que supone ha sido violada.”[36] Las decisiones de la Corte Constitucional producen efectos erga omnes si se comprueba la inconstitucionalidad de la norma dubitada e inter partes cuando esto no ocurre; es decir, que queda abierta la posibilidad de que a partir de un nuevo caso concreto ante el mismo u otro juez, pueda plantearse una nueva duda o cuestionamiento constitucional que deberá ser resuelto por el Tribunal Constitucional.

“El juicio sobre la constitucionalidad de la ley se efectúa a la luz de los derechos enfrentados de las partes en el proceso a quo; mientras la fuerza erga omnes de la decisión del Tribunal Constitucional hace que la salvaguarda del derecho concreto que ha generado el juicio adquiera un valor emblemático para el intro-ordenamiento jurídico. (…) el objeto del litigio es la constitucionalidad de la ley en abstracto, pero el planteamiento de la cuestión prejudicial arranca de un caso concreto y tiene por objeto no el puro enunciado de la ley, sino una norma de la que resultan inmediatamente derechos y obligaciones para las partes del proceso.”[37]

El Tribunal Constitucional puede pronunciarse sobre la inconstitucionalidad de una norma únicamente en el supuesto que el proceso sea activado por un juez en el curso de un proceso ordinario; por su parte, el juez ordinario, podrá, no aplicar la norma lesiva de derechos constitucionalmente garantizados solamente si el Tribunal Constitucional emite un pronunciamiento de inconstitucionalidad respecto de la norma dubitada; es decir, no tiene potestades de control constitucional difuso directo.

El proceso constitucional otorga al Tribunal Constitucional el deber de resolver una cuestión, una controversia cuyos términos, simplificados esquemáticamente consisten en la duda sobre si determinadas normas derivadas de actos legislativos están enfrentadas con normas de carácter constitucional.[38]

Sosteníamos que este es un Sistema Mixto en tanto que se trata de un solo sistema de control de constitucionalidad pero que recoge porciones de caracteres tanto del Sistema tradicional Concentrado y Difuso. Es difuso en la medida que el juez a quo (facultad extendida a todos y cada uno de los jueces ordinarios) se encuentra facultado para que en el supuesto de advertir una posible inconstitucionalidad de la norma a aplicar, pueda dudar de ella y formular el cuestionamiento constitucional[39], y concentrado en la medida que corresponde a un único Tribunal resolver la duda de constitucionalidad.

El Tribunal Constitucional tiene a valorar la disposición de ley no por su significado abstracto, sino por el significado que resulta de su operatividad concreta en el sistema jurídico.[40]

Los Tribunales Constitucionales al emitir pronunciamiento, absolverán la duda de constitucionalidad; si la norma es inconstitucional, expulsaran del ordenamiento jurídico a la norma dubitada, en este caso el efecto producido por este pronunciamiento, será erga omnes; si no se comprueba su inconstitucionalidad, ésta retornará ciertamente constitucionalizada pero el pronunciamiento del Tribunal Constitucional producirá únicamente efectos inter partes[41].

Debe finalmente señalarse que si bien al juez ordinario le corresponde conocer el caso concreto y a partir de éste, de encontrar una confrontación normativa con el texto constitucional, plantear la duda de constitucionalidad, debe previamente agotar todas las interpretaciones posibles de la norma, acordes al texto constitucional:

i)                    Si existe alguna, será su obligación la de no presentar una cuestión de constitucionalidad pues al existir una interpretación de la norma concordante con la Constitución, la duda de constitucionalidad planteada –si se plantease- será “manifiestamente infundada”,

ii)                  Si no existe alguna, será su obligación la de plantear ante el Tribunal Constitucional la duda de constitucionalidad de la norma enfrentada a la Constitución.

VII. EL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD EN EL PERÚ (SISTEMA ADOPTADO)

El Sistema de Control de Constitucionalidad adoptado por el Perú, es un Sistema Dual o Paralelo debido a que casi en puridad, coexisten tanto el Sistema de Control Concentrado como el Sistema de Control Difuso, uno sin la intervención del otro, pues los órganos encargados de la labor de control constitucional en cada caso actúan autónomamente. Por un lado, el Tribunal Constitucional puede conocer acciones de cuestionamiento constitucional en forma directa como consecuencia de la iniciativa legislativa que la constitución reconoce a los legitimados taxativamente en su artículo 203 y, por el otro el Poder Judicial puede valorar en forma incidental[42] la constitucionalidad de una norma y en todo caso inaplicarla si ésta se enfrenta al texto constitucional.

El ordenamiento constitucional peruano ha recibido ambas modalidades de control constitucional. En el esquema concentrado y abstracto, tal tarea ha sido confiada al Tribunal Constitucional, quien en el seno del proceso de inconstitucionalidad de las leyes tiene la competencia para expulsar las normas con rango de ley del ordenamiento jurídico creadas de manera inconstitucional. En tanto que en el mal denominado “difuso”, ha habilitado a los jueces del Poder Judicial con el poder-deber de inaplicar, para el caso concreto, las leyes que sean incompatibles con la Constitución (Art. 138 CP)[43],[44].

Enseña Aníbal Quiroga que “a diferencia de otros ordenamientos jurídico-constitucionales donde solo encontramos la presencia del sistema de control concentrado, que la “jurisdicción constitucional” puede ser válidamente ejercida no solamente por los Magistrados del Tribunal Constitucional, sino también por los Magistrados ordinarios del Poder Judicial, cuando tienen conocimiento de procesos constitucionales sometidos a la competencia de la justicia ordinaria. En consecuencia, en nuestro medio podemos decir que la “jurisdicción o justicia constitucional” se entiende extendida a todo el ámbito competencial del Poder Judicial”[45]

VIII. EL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE LA LEGISLACION ANTERIOR A LA CONSTITUCION Y CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE NORMAS DEROGADAS.

Control de Constitucionalidad de la Legislación anterior a la Constitución.

Es importante resaltar que la integración de facultades a los órganos de control constitucional para realizar un control efectivo sobre normas que se presume son inconstitucionales constituye una garantía sustancial de los derechos fundamentales de la persona, toda vez que “el ejercicio del poder constituyente expresa una voluntad de ruptura y de democratización con respecto al pasado”.[46]

Sin embargo, si bien la emisión de una nueva Constitución supone la extinción o la superación de un orden político, ello no supone extinción del orden normativo creado durante la vigencia de éste; los efectos de dichas normas siguen siendo aplicables en el nuevo régimen y continúan formando parte del ordenamiento jurídico vigente. La única manera que dejen de formar parte del ordenamiento jurídico vigente será mediante la comprobación de su incompatibilidad con normas de grado superior o equivalente, pero generadas con posterioridad; en este caso, la Constitución.

Ahora bien, si las disposiciones anteriores a la constitución se encuentran planteadas con arreglo a la nueva Constitución, éstas deben considerarse válidas a la luz del principio tempus regit actum. Sin embargo, en el supuesto que llegada la nueva Constitución hubiere un desencuentro normativo entre la legislación anterior y ésta, tendremos dos vías alternas para superar el conflicto entre una y otra norma. Por un lado la inconstitucionalidad y por otro la abrogación expresa.

i)              La inconstitucionalidad (Difusa o Concentrada): Supone el sometimiento a un juicio de validez, pronunciado utilizando el criterio de jerarquía; siempre se preferirá el texto constitucional aún cuando fuere posterior a la legislación dubitada;

ii)            La abrogación expresa: Supone la existencia de una norma válida pero ya no aplicable a hechos específicos futuros por la llegada de una norma de grado equivalente o superior pero incompatible con ésta.

Control de Constitucionalidad de Normas Derogadas.

Para tratar esta posibilidad, debe aclararse que al tratarse de normas derogadas, resulta imposible que pueda invocarse o se pretenda su aplicación al interior de un caso concreto y por ende, resulta imposible que se efectúe un control difuso de parte de los magistrados ordinarios a dichas normas; sin embargo, resulta pertinente realizar algunas aclaraciones respecto al Sistema de Control Concentrado.

Es importante, a efectos de determinar la posibilidad de realizar un control de constitucionalidad de normas derogadas, repetir al maestro Aníbal Quiroga León cuando señala que “la sustracción de la materia supone que la relación procesal originada no podrá concluir con un pronunciamiento sobre el fondo del asunto puesto que ha desaparecido aquel móvil jurídico que determinó que se acuda ante el Tribunal Constitucional a fin de obtener la declaración de inconstitucionalidad de la norma dubitada”. Él mismo, citando a Carnelutti refiere que éste “señalaba dicho concepto como el de imposibilidad de litigio debido a la inexistencia sobreviniente del objeto del mismo”[47]

La derogación de una norma cuestionada de inconstitucional implica la carencia de objeto del proceso de inconstitucionalidad (…); y por ende la conclusión del proceso sin una declaración sobre el fondo de la controversia.[48] Siendo ello así, podemos concluir que no existe posibilidad de efectuar un control de constitucionalidad sobre normas derogadas, puesto que al tener tal condición, no existe objeto de proceso y como consecuencia lógica de ello es que no pueda emitirse un pronunciamiento sobre el fondo de la controversia, que sería la posible inconstitucionalidad de la norma dubitada.

Sin embargo, a fin de dejar en claro la posición sostenida es preciso señalar que en la sentencia del 18 de Febrero recaída en el expediente Nº 002-2005-PI/TC el Tribunal Constitucional señala –en opinión distinta a la nuestra- que la declaración de inconstitucionalidad de la legislación derogada, procede en dos supuestos:

i)                    Cuando la norma continúe desplegando sus efectos y,

ii)                  Cuando, a pesar de no continuar surtiendo efectos, la sentencia de inconstitucionalidad puede alcanzar a los efectos que la norma cumplió en el pasado, esto es, si hubiese versado sobre materia penal o tributaria.[49]

Bien hace Quiroga en señalar que “si bien los efectos de la norma derogada (en función a su aplicación) pueden continuar produciéndose en la realidad, el proceso de inconstitucionalidad no tiene como objeto la regulación de los mismos, sino el análisis abstracto de la norma cuestionada de inconstitucional. Las consideraciones respecto a la aplicación de la norma cuestionada deben ser resueltas mediante los principios de aplicación de las normas en el tiempo (teoría de los hechos cumplidos y teoría de los derechos adquiridos), según sea el caso. El Tribunal Constitucional no tiene como función el ser un operador jurídico de la legalidad y su aplicación a casos concretos, (…) su actividad debe centrarse –en el marco del sistema concentrado- en la interpretación y control constitucional de las normas cuestionadas mediante el proceso de inconstitucionalidad. Si la norma ha sido derogada, entonces es inexistente en el mundo jurídico, no siendo susceptible de control por parte del Tribunal Constitucional.[50] En este sentido, Quiroga se pregunta: “¿Cómo se va a derogar una norma derogada?”[51].

Ratificando la posición de Aníbal Quiroga, debe tenerse en cuenta que “las sentencias del Tribunal Constitucional no cuentan con efectos retroactivos a los hechos y situaciones verificados durante la vigencia de la norma cuestionada[52]

Finalmente, debe tenerse presente que la declaración de inconstitucionalidad equivale a la derogación de una norma y como tal, no implicará jamás el restablecimiento de la norma que hubiere sido derogada por la norma inconstitucional.

IX.  LOS SISTEMAS DE CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE LAS LEYES ADOPTADOS EN AMÉRICA LATINA: PECULIARIDADES Y DIVERGENCIAS CON EL SISTEMA DE CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE LAS LEYES ADOPTADO POR EL PERÚ.

Las siguientes líneas de acuerdo al subtitulo propuesto deberían definir a grandes rasgos los tipos de Sistemas de Control de Constitucionalidad adoptados por algunos países de Latinoamérica; sin embargo, iremos mas allá y nos permitiremos citar algunos países que consideramos resulta pertinente citar.

Si algo es claro, es que “poco se conoce sobre los Tribunales Constitucionales en América Latina, que son recientes y todavía no muy numerosos[53]. En América Latina, en países como Colombia, Guatemala, Perú, Bolivia, Ecuador, Brasil y Argentina coexiste el control concentrado con el difuso.

En el caso de Bolivia (cuyo Tribunal Constitucional creado en 1994, se instala en 1999 siendo el más joven del sector) convive además el control preventivo con el sucesivo.

En Colombia, mediante la Corte Constitucional se practica el control preventivo con el sucesivo.

En el caso de Chile, el Tribunal Constitucional realiza labores de control preventivo mientras la Corte Suprema efectúa un control sucesivo.

México con algunos matices muy particulares reconoce a la Suprema Corte de la Nación el conocimiento de asuntos de orden constitucional, con lo cual materialmente y en la práctica, es un Tribunal Constitucional[54]; sin embargo en adición a sus labores de control constitucional, ejerce funciones administrativas y es el máximo tribunal en ejercicio de funciones judiciales.

Costa Rica realiza el control de constitucionalidad de las leyes mediante la Sala Constitucional creada en 1989, que cuenta con todas las características de un Tribunal Constitucional (i. Nombramiento especial de sus miembros, ii. Autonomía funcional, iii. Fuerza vinculante erga omnes en sus decisiones, iv. Autonomía administrativa); sin embargo, corresponde anotar que dicha ésta, forma parte de la Corte Suprema de la Republica de Costa Rica.

Guatemala fue el primer país latinoamericano que, en puridad, introduce en su ordenamiento un Tribunal Constitucional[55] mediante la Constitución de 1965, al que se denominó “Corte de Constitucionalidad”; en su momento estuvo conformada por un grupo de magistrados seleccionado del Poder Judicial que se reunía siempre que hubiere ocasión de resolver una controversia constitucional. Actualmente, se ha dejado de lado el funcionamiento eventual de dicha corte, desarrollando una labor permanente (ya no ocasional) y encontrándose conformada por magistrados ad hoc que desempeñan únicamente la función de control constitucional.

Grecia atribuye a los jueces la competencia a no aplicar las leyes cuyo contenido se considera contrario a la Constitución y al Tribunal Especial Superior la tarea de pronunciarse acerca de los procesos que tienen por objeto la constitucionalidad de las leyes, aunque sobre tales disposiciones existan pronunciamientos contradictorios por parte de los órganos cumbres de la justicia ordinaria.

Portugal regula el control difuso; sin embargo, se ha creado un Tribunal Constitucional cuyas decisiones prevalecen sobre aquellas de los demás tribunales o de cualquier otra autoridad.

De lo desarrollado queda claramente demostrado que los sistemas centralizados parecieran dejar de lado los tradicionalismos que facultan únicamente al Tribunal Constitucional a efectuar un control de constitucionalidad y abrirse a formas de convivencia con la judicial review como lo evidencia la realidad del reciente constitucionalismo iberoamericano que algunos autores han optado por definir como “difuso-concentrado”

X. CONCLUSIONES.

  1. La jurisdicción constitucional actual reconoce la existencia de dos modelos – formas- de control de constitucionalidad de las leyes: Sistema de Control Concentrado, también llamado Kelseniano, Abstracto o Europeo que reconoce facultades plenas de control a un órgano ad-hoc denominado Tribunal Constitucional, el mismo que se encuentra investigo de potestades legislativas negativas por su capacidad derogatoria de normas cuya inconstitucionalidad ha sido debidamente comprobada, ello mediante una sentencia produciendo efectos erga omnes.
  2. Los sistemas de control de constitucionalidad de las leyes desprender un objeto y un fin claramente definidos; el efectivo control de conformidad con la constitución de las leyes y la efectiva vigencia de los derechos constitucionales de los miembros del Estado de Derecho democrático.
  3. El Sistema de Control Concentrado de Constitucionalidad creado por Kelsen, representa la forma de control constitucional por excelencia en tanto que existe un órgano ad hoc creado para tal fin con potestades derogatorias respecto de las normas inconstitucionales y con efectos erga omnes.
  4. El Sistema de Control de Constitucionalidad Difuso permite que los jueces ordinarios –cualquiera que fuere su rango, especialidad o jerarquía y en cualquier instancia- del Poder Judicial puedan realizar un control de constitucionalidad en forma incidental respecto de normas contrarias a la constitución y cuya aplicación hubiere sido invocada para resolver el caso concreto planteado ante su autoridad; inaplicándolas al supuesto concreto materia de controversia pero son efectos únicamente inter partes.
  5. Si bien el Sistema de Control Concentrado es la forma de control constitucional por excelencia, ésta resulta insuficiente ante la realidad pues no constituye plena garantía a los ciudadanos de no verse afectados con la aplicación de normas inconstitucionales; es por ello que la coexistencia en forma paralela y autónoma con el Sistema de Control Difuso permite en cierta medida una mejor protección de los derechos fundamentales del ciudadano; sin embargo somos de la opinión que debería implementarse además el control preventivo en aquellos ordenamientos que todavía no lo regulan.
  6. El Sistema de Control Italiano puede definirse claramente como un Sistema de Control de Constitucionalidad Mixto por las características que presenta puesto que regula una sola forma de Control de Constitucionalidad y ni el Poder Judicial ni el Tribunal Constitucional son autónomos el uno del otro. Esta forma de control garantiza al ciudadano que en cada ocasión en la que se presente una duda de constitucionalidad, pueda dilucidarse ésta; sin embargo, somos de la opinión que el sistema de control adoptado por este país atenta en cierta medida contra el derecho de tutela jurisdiccional del ciudadano en la medida que tratándose de un caso concreto el que da origen a la intervención del Tribunal Constitucional y en tanto demore la absolución de la duda, el ciudadano no recibirá atención a su conflicto de intereses; brindándose en todo caso una tutela tardía que puede fácilmente equipararse a no brindar tutela jurisdiccional.
  7. El Perú ha adoptado el Sistema de Control de Constitucionalidad Paralelo, es decir, regula a nivel constitucional tanto el Sistema de Control Concentrado como el Sistema de Control Difuso, con lo que se permite una mejor garantía de la vigencia de los derechos fundamentales de una persona dado que el Tribunal Constitucional no siempre, por obvias razones, estará al tanto de la condición de constitucionalidad de todas y cada una de las normas existentes en nuestro ordenamiento jurídico.
  8. Es posible el control de constitucionalidad de la legislación anterior a la Constitución pues ésta debe encontrarse en armonía con la nueva carta magna pudiendo adoptarse las formas de control estudiadas a lo largo del presente trabajo; sin embargo se rechaza categóricamente la posibilidad de control de constitucionalidad de la legislación derogado puesto que el proceso de inconstitucionalidad tiene por objeto únicamente derogar una norma inconstitucional, siendo así entonces, ¿Cómo puede derogarse una norma derogada?.
  9. Repitiendo lo ya dicho, pareciera que  los sistemas centralizados están dejando de lado los tradicionalismos que facultan únicamente al Tribunal Constitucional a efectuar un control de constitucionalidad y abrirse a formas de convivencia con la judicial review como lo evidencia la realidad del reciente constitucionalismo iberoamericano que algunos autores han optado por definir como “difuso-concentrado”

[1] Esta causa estuvo bajo el conocimiento del siempre recordado juez John C. Marshall, quien dio inicio a esta forma de control de constitucionalidad de las leyes; su decisión constituyo un precedente vinculante que determinaba que toda ley que contraviniera el texto de la Constitución del Estado y consecuentemente afectara los derechos reconocidos en ella, se consideraba nula e ineficaz. Vid. Quiroga León, Aníbal. El Derecho Procesal Constitucional en el Perú: A propósito del Código Procesal Constitucional, en Id est Ius Año I Nº 1. Arequipa: 2005. pp. 68-69.

[2] La causa ventilada ante el juez Marshall versaba sobre la petición que efectuaba William Marbury para que se aplique la “sección 13 de la Judiciary Act (que habilitaba a la Corte Suprema a emanar órdenes a la administración)”; sin embargo, John Marshall advirtió que ésta contrastaba con el artículo III de la Constitución que expresamente facultaba a la Corte Suprema a emitir mandato y ejercer jurisdicción sólo en segunda instancia (como juez de apelación).

[3] Como explica el profesor García Belaunde: “A mediados del siglo XX, prácticamente todos los países de la América Latina habían incorporado el modelo norteamericano” (García Belaunde, Domingo. Los Tribunales Constitucionales en América Latina, en Id est Ius Año II Nº 2. Ed. Adrus, Arequipa: 2006. pp. 38.)

[4] Vid. Quiroga León, Aníbal. Los excesos del Tribunal Constitucional Peruano: A propósito del control concentrado de la Constitución, en Id est Ius Año II Nº 2. Ed. Adrus, Arequipa: 2006. p. 9.

[5] Idem.

[6] Decimos: “creando” en tanto que existen países que regulan formas de control de constitucionalidad de las leyes alejados de los modelos puros (judicial review o control ad hoc) reconocidos por la amplia mayoría de la doctrina de la especialidad; habiendo sufrido diversas alteraciones y mutaciones; si bien constituyen sistemas mediante los cuales se practica el control constitucional, presentan algunos matices que los hacen únicos.

[7] El Derecho Procesal Constitucional actual reconoce dos tipos de procesos constitucionales destinados a asegurar la vigencia de los derechos del ciudadano: Procesos Constitucionales de la Libertad y Procesos Constitucionales Orgánicos o de Control de Legalidad; representando la sede en la cual el ciudadano está garantizado por la Constitución a través de órganos y procedimientos específicos.

[8] Rolla, Giancarlo. . Juicio de Legitimidad Constitucional en Vía Incidental y Tutela de los Derechos Fundamentales, en Id est Ius Año II Nº 2. Ed. Adrus, Arequipa: 2006. p. 18.

[9] Idem. p. 17.

[10] Rivera Santivañez, José. Supremacía Constitucional y Sistemas de Control de Constitucionalidad, en Derecho Procesal Constitucional Tomo I. Ed. Jurista, Lima: 2004. p. 53.

[11] Idem.

[12] Aquella que no permita su reforma es considerada como “totalmente rígida”; la que permite su reforma pero adecuándose a diversos mecanismos especiales empleados exclusivamente para este fin; es decir, para modificar la constitución y no leyes inferiores, se denomina “parcialmente rígida”.

[13] Significa que el órgano que realice el Control de Constitucionalidad –ad hoc o judicial- sea uno distinto e independiente de aquel del cual emana la norma dubitada.

[14] Esto supone que la decisiones que se asuman tengan efectos erga omnes; sin embargo en el caso del sistema de control difuso ello resulta materialmente imposible, pues el efecto que se produce mediante este sistema de control es inter partes; sin embargo ello no obsta para que se practique el control de constitucionalidad de las leyes ordinarias contrarias a la Constitución.

[15] Ello se encuentra evidenciado en nuestro texto constitucional en tanto reconoce legitimidad para proponer una demanda de inconstitucionalidad en los casos que señala. Así también en la facultad de solicitar ante el Poder Judicial la inaplicación al caso concreto de una norma acusada de inconstitucional.

[16] Partiendo de la premisa que la Constitución es la primera norma del Estado Democrático de Derecho, encontrándose revestida por el principio supra ordenador; se entiende que toda conducta debe encontrarse acomodada y sometida a la voluntad constitucional. Vid. Rubio Correa, Marcial. El Sistema Jurídico 7º Ed., Fondo Editorial PUCP, Lima. p. 132.

[17] Quiroga León, Aníbal. Los excesos del Tribunal Constitucional Peruano: A propósito del control concentrado de la Constitución. p. 9.

[18] Idem. p. 15.

[19] Vid. Idem. p. 9.

[20] Idem.

[21] Idem. p. 10.

[22] Idem.

[23] A mayor abundamiento, Blume Fortini refiere que: “este tipo de control se encuentra a cargo exclusivo y excluyente del órgano denominado Tribunal Constitucional  respecto a las normas que tienen rango de ley, que concentra la facultad o el poder de control; ejerciéndolo en forma abstracta, analizando la disposición legal impugnada independientemente del caso concreto que pueda haber dado origen a su cuestionamiento –realizando una suerte de análisis de puro derecho entre la normativa constitucional y la norma infraconstitucional de primer rango objeto de impugnación, para determinar si adolece de algún vicio de inconstitucionalidad, sea de forma o de fondo- y con efectos anulatorios de la misma, la cual deja de tener vigencia para todos en general. Es decir, con efectos erga omnes.” (Blume Fortini, Ernesto. El Control de la Constitucionalidad en el Perú, en Derecho Procesal Constitucional Tomo I. Ed. Jurista, Lima: 2004. p. 224.)

[24] Quiroga León, Aníbal. Los excesos del Tribunal Constitucional Peruano: A propósito del control concentrado de la Constitución. p. 10. Cfr. Quiroga León, Aníbal. El Derecho Procesal Constitucional en el Perú: A propósito del Código Procesal Constitucional. p. 75.

[25] Quiroga León, Aníbal. Los excesos del Tribunal Constitucional Peruano: A propósito del control concentrado de la Constitución. p. 10.

[26] Rolla, Giancarlo. Op. Cit., p. 18.

[27] En similar sentido Blume Fortini denomina a este sistema. Cfr. Blume Fortini, Ernesto. Op. Cit.. p. 224.

[28] Quiroga León, Aníbal. El Derecho Procesal Constitucional en el Perú: A propósito del Código Procesal Constitucional. p. 69.

[29] Quiroga León, Aníbal. Los excesos del Tribunal Constitucional Peruano: A propósito del control concentrado de la Constitución. p. 15.

[30] Blume Fortini, Ernesto. Op. Cit., p. 224.

[31] Rolla, Giancarlo. Op. Cit., p. 18.

[32] Carpio Marcos, Edgar. El Control de Constitucionalidad de las Leyes y el Código Procesal Constitucional, en libro colectivo de “Ponencias Desarrolladas en el VIII Congreso Nacional de Derecho Constitucional- Arequipa 22-23-24 de Septiembre de 2005”. Arequipa: 2005. p. 642.

[33] Optamos por la denominación “dual o paralela” y no “mixta” en tanto que entendemos que la condición de mixtura supone la existencia de un solo objeto que recoge una porción de cada uno de sus componentes; en el caso que nos ocupa diríamos que se trata de un sistema de control mixto siempre que se tratare de una sola vía de control formada de caracteres de los sistemas de control constitucional tratados (concentrado y difuso); sin embargo al ejercer el control de constitucionalidad sea por el Tribunal Constitucional o el Poder Judicial en puridad, es decir, mediante uno sin la intervención del otro, se trata de una coexistencia dual o paralela (no mixta). Sin embargo, la denominación de sistema mixto, bien cabría asignársela al Sistema de Control Constitucional Italiano o Español que sí realizan un control de constitucional mediante un órgano de control con la intervención del otro.  

[34] Quiroga León, Aníbal. Los excesos del Tribunal Constitucional Peruano: A propósito del control concentrado de la Constitución. p. 8.

[35] Debido a que el control constitucional que se efectúa por el momento en el que se realiza es “sucesivo”.

[36] Rolla, Giancarlo. Op. Cit., p. 22.

[37] Idem. p. 20.

[38] Idem.

[39]

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