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El Principio de Legalidad y la Irresponsabilidad Civil de los Jueces

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Ciudad de la Primavera - 2008

PUBLICADO EN: Revista Jurídica EL DERECHO Año “XCIII” N° 308, Ed. ADRUS, Arequipa: Diciembre 2007, pp.165-170.

 

Sumario: I. Introducción.- II. El Principio de Legalidad y el artículo IX del Título Preliminar del Código Procesal Civil.- III. Presupuestos para la existencia de Responsabilidad Civil.- IV. El Principio de Razonabilidad.- V. Conclusiones.

I. INTRODUCCIÓN.

El presente trabajo, muy a pesar de la titulación asumida, más que formular una crítica a los operadores de derecho, pretende lograr un llamado a la reflexión sobre los fines del derecho y más precisamente del proceso, las limitaciones del principio de legalidad y las condiciones necesarias para la aplicación del principio de razonabilidad al interior de un proceso judicial; sea en el supuesto que se apliquen preceptos normativos de orden procesal o sustantivo, pues debe entenderse que el derecho tiene como principal razón de ser a la persona humana[1], entendida como un ser libre, al cual no puede restringírsele derechos; tales como el de tutela jurisdiccional mediante el cual se pretende el logro de un ideal de justicia[2] recurriendo a los órganos jurisdiccionales para tales efectos; por la sencilla razón de que existe un principio denominado de legalidad que obliga a los aplicadores de la ley a respetarla de modo casi irrestricto aun cuando ésta pudiere ser defectuosa o deficiente.

Lo antedicho encuentra sustento en el hecho de que existen al interior de nuestro ordenamiento jurídico procesal y sustantivo una cantidad más o menos considerable –más de dos cuando menos, lo cual ya resulta preocupante- de textos normativos que en su tenor son defectuosos o deficientes para la generación de efectos jurídicos razonables –al menos esa es nuestra posición- que no pueden pasarse por alto pues su aplicación irrestricta y literal generaría una desprotección al justiciable y en general al ciudadano, en tanto que se verían afectados derechos de orden Constitucional -como el mencionado en el párrafo precedente- e incluso se llegaría a afectar a la propia persona mediante la causación de un daño moral y a su proyecto de vida como consecuencia de la frustración del ideal de justicia y de los proyectos futuros razonablemente alcanzables, ello, claro está, siempre que el resultado del proceso fuere según las proyecciones de éste.

Así, claro ejemplo de lo expresado lo constituye el artículo 402° del Código Procesal Civil que regula los requisitos para la admisión y procedencia del recurso de queja de derecho, en el cual se establece (nos centraremos básicamente en los requisitos formales) que se debe adjuntar al escrito que contiene la queja copia de actuados pertinentes -certificados por el abogado patrocinante- y precisar las fechas de actos procesales como: notificación de la resolución recurrida, interposición del recurso denegado y notificación de la resolución denegatoria. Ahora bien, hagámonos la siguiente pregunta ¿Qué ocurriría si se omite alguno de los requisitos formales precisados por la ley?; la respuesta se encuentra en el propio texto de la ley[3], el recurso se declara inadmisible. Entonces… si se declara inadmisible, ¿Se debe subsanar la omisión del requisito formal?, ciertamente debiera ser así; sin embargo, en este supuesto la ley no prescribe la concesión de un plazo de subsanación y muy por el contrario prescribe que la omisión de cualquier requisito –formal o de procedencia- implica el rechazo del recurso; es decir, el recurso de queja que omita un requisito de forma será declarado inadmisible y en forma adicional será rechazado. En este estado debemos preguntarnos ¿Hasta que punto es razonable que un recurso además de ser declarado inadmisible sea rechazado?

Sin lugar a dudas, nos encontramos ante un texto normativo deficiente pues si bien prescribe que la omisión de un requisito formal implica la inadmisibilidad del recurso, no regula un plazo para la subsanación de la omisión. En otros términos, nos encontramos en presencia de un texto normativo incompleto, cuya deficiencia debe ser superada con el rosario de posibilidades correctivas que se fijan en líneas siguientes[4].

II. EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD Y EL ARTÍCULO IX DEL TÍTULO PRELIMINAR DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL.

Cuando se habla de legalidad, regularmente se viene a nuestra mente la voluntad de la ley, y ciertamente no deja de tenerse razón pues este principio supone que todo aquello que se realice, sea que se trate de actos extraprocesales o intraproceso, deben adecuarse a las permisiones de la ley, pues de no ceñirse a estas permisiones, se corre el riesgo de que esto que se realiza se convierta en antijurídico o contrario a la ley y consecuentemente declarado nulo; recordemos que “La nulidad es la sanción por la cual la ley priva a un acto jurídico de sus efectos normales cuando en su ejecución no se han guardado las formas prescritas para la misma[5].

Este principio obliga a quienes administran justicia a aplicar las disposiciones creadas por el Estado de Derecho para lograr una vida en sociedad que permita una convivencia armoniosa entre sus ciudadanos, de allí la importancia de este principio, dado que el irrespeto a este principio desencadenaría una crisis anárquica en la sociedad.

Esta obligación de aplicar las disposiciones conforme a la regulación preestablecida, encuentra sustento en el artículo IX del Título Preliminar del Código Procesal Civil que establece que “Las normas contenidas en este Código son de carácter imperativo, salvo regulación permisiva en contrario”; es decir, que las normas establecidas en dicho cuerpo normativo son de obligatorio cumplimiento.

Ahora bien, conviene formular el siguiente cuestionamiento: si las normas preestablecidas en el Código Procesal Civil son de obligatorio cumplimiento, ¿lo serán también para el resto del ordenamiento jurídico, pudiendo aplicarse a otras situaciones no comprendidas al interior de un proceso judicial?... la respuesta es sumamente sencilla, toda vez que revisada la primera disposición final del Código Procesal Civil, encontraremos que a la letra refiere que “Las disposiciones de este Código se aplican supletoriamente a los demás ordenamientos procesales, siempre que sean compatibles con su naturaleza”, asimismo, el artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Civil sanciona que “El Juez debe aplicar el Derecho que corresponda al proceso, aunque no haya sido invocado por las partes o lo haya sido erróneamente…”; situación por la que se hace aplicable en forma podría decirse obligatoria, dicho principio a cualquier relación interpersonal de la vida cotidiana.

En este orden de ideas, siempre que las conductas procesales de los administradores de justicia se adecúe al principio de legalidad, éstos estarán exentos de toda responsabilidad por cuanto actuaron amparados en Derecho, máxime si el artículo 418º del Código Penal sanciona a “El Juez o Fiscal que, a sabiendas, dicta resolución o emite dictamen, contrarios al texto expreso y claro de la ley…”, es decir, que aquel Juez que inobserve el principio de legalidad es pasible de ser sancionado penalmente por el propio Estado.

III. PRESUPUESTOS PARA LA EXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL.

Como señala el destacado jurista Lizardo Taboada: “la disciplina de la responsabilidad civil está referida al aspecto fundamental de indemnizar los daños ocasionados en la vida de relación a los particulares, bien se trate de daños producidos como consecuencia del incumplimiento de una obligación voluntaria, principalmente contractual, o bien se trate de daños que sean el resultado de una conducta, sin que exista entre los sujetos ningún vínculo de orden obligacional”.[6]

Los elementos de la responsabilidad civil son cuatro: La antijuricidad, el daño causado, la relación de causalidad y los factores de atribución.

La antijuricidad supone la violación del contexto normativo dentro del cual se desarrolla la actividad dañosa, es decir, que ante la existencia de un ordenamiento jurídico que regule la vida en sociedad de forma determinada, estableciendo reglas de conducta genéricas y prohibiciones específicas, se actúe en forma contraria a lo preestablecido por dicho ordenamiento y por las leyes específicas. Se dice que “en el lado contractual se acepta que la antijuricidad es siempre exclusivamente típica y no atípica, pues ella resulta del incumplimiento total de una obligación, del cumplimiento parcial, del cumplimiento defectuoso, o del cumplimiento tardío o moroso”[7], pero “una conducta es antijurídica no sólo cuando contraviene una norma prohibitiva, sino también cuando la conducta viola el sistema jurídico en su totalidad, en el sentido de afectar los valores o principios sobre los cuales ha sido construido el sistema jurídico”.[8]

El daño presupone la afectación de un bien[9] jurídicamente tutelado mediante la realización de una conducta u omisión de aquella, “se entiende por daño la lesión a todo derecho subjetivo, en el sentido de interés jurídicamente protegido del individuo en su vida de relación, que en cuanto protegido por el ordenamiento jurídico, se convierte justamente en derecho subjetivo, esto es un derecho en el sentido formal y técnico de la expresión”.[10]

Es importante señalar que el daño es el elemento fundamental de la responsabilidad civil pero no el único, pues en ausencia del daño ya no hay nada que reparar o indemnizar.

La relación de causalidad está determinada por la influencia de la conducta o acontecimiento sobre el daño producido, es decir, se presenta cuando una conducta o acontecimiento contribuye a la producción del daño o lo genera.

Los factores de atribución están constituidos por la determinación subjetiva de voluntad (intención) de causar el daño; en materia contractual se habla de culpa (leve, inexcusable o grave y dolo) y en materia extracontractual se habla de culpa y riesgo creado.

Puede concluirse del desarrollo de este ítem, que los entes administradores de justicia, en el supuesto que como consecuencia de la aplicación de una norma defectuosa o deficiente en plena observancia del principio de legalidad, ocasionen un daño al justiciable[11], se encuentran exentos de responsabilidad civil debido a que sus conductas se encuentran acordes al Derecho, es decir, no son antijurídicas.

IV. EL PRINCIPIO DE RAZONABILIDAD.

El principio de legalidad –como todo en la vida- no es un principio absoluto y tiene –como todo también- una excepción, la cual por cierto no se aplica –al menos de forma visible y por ello la razón del presente trabajo- constituida por el denominado por la doctrina jurídica como principio de razonabilidad.

Este principio enseña que las formas –principio de legalidad- si bien determinan un orden estructural en una sociedad para una convivencia armónica, “tienen al mismo tiempo el inconveniente de que imponen una demora en la sustanciación de los procesos, elevando su costo, y cuando son excesivas, los términos se invierten, porque el derecho material o de fondo, para cuya realización han sido establecidas, resulta sacrificado a las exigencias de las formas[12]. Queda claro entonces que si bien es imprescindible el respeto a lo expresado por la ley, su cumplimiento obsesivo y el apego a las regulaciones normativas, cuando estas son defectuosas o deficientes puede acarrear consecuencias funestas como el descuido de los fines del Estado Constitucional de Derecho, del Derecho mismo y del proceso, al sacrificar el derecho material que debieran tutelar.

Por ello el artículo IX del Título Preliminar del Código Procesal Civil en su segundo párrafo prevé que “Las formalidades previstas en este Código son imperativas. Sin embargo, el Juez adecuará su exigencia al logro de los fines del proceso”; en razón de que “El hombre es para la sociedad y el Estado, el centro y sentido de su accionar”[13], y consecuentemente el respeto de sus derechos humanos (entendidos estos como “prerrogativas inalienables, perpetuas y oponibles erga omnes, que corresponden a toda persona, por su sola condición de tal, de las que no puede ser privado por la acción del Estado ni de otros particulares, porque ello implicaría un desmedro o menoscabo a su dignidad[14]) es eje fundamental de su estructura

Víctor García define a la dignidad como “la categoría objetiva de un ser humano que reclama, ante si y ante otros, estima, custodia y realización; de allí que aspire a la plasmación de sus propósitos y anhelos más íntimos”[15]; por otro lado Alex Plácido refiere que “la dignidad, así, constituye un minimum inalienable que todo ordenamiento debe respetar, defender y promover[16] y que “exige que las necesidades humanas sean atendidas con decoro, en orden a la realización existencial y coexistencial; la cosificación y el desprecio de las calidades insitas del ser humano son acciones contrarias a la dignidad”.[17]

Asimismo: “El Tribunal Constitucional ha precisado que: el respeto al contenido esencial del derecho a la integridad personal, tanto en lo que respecta al ámbito físico como en lo que atañe al ámbito espiritual y psíquico de la persona, transita entre aquellos atributos que constituyen la esencia mínima imperturbable en la esfera subjetiva de individuo, por cuanto, este derecho garantiza la inviolabilidad de la persona, como expresión directa de la dignidad, al considerarse que el ser humano es un todo integral física, emocional y espiritualmente”[18] 

Por tales razones el Código Procesal Civil en el artículo I de su Título Preliminar sanciona que “Toda persona tiene derecho a la tutela jurisdiccional efectiva para el ejercicio o defensa de sus derechos o intereses, con sujeción a un debido proceso”, complementando dicho precepto con el artículo III del Título Preliminar del mismo cuerpo normativo señalando que “El Juez deberá atender a que la finalidad concreta del proceso es resolver un conflicto de intereses o eliminar una incertidumbre, ambas con relevancia jurídica, haciendo efectivos los derechos sustanciales, y que su finalidad abstracta es lograr la paz social en justicia. En caso de vacío o defecto en las disposiciones de este Código, se deberá recurrir a los principios generales del derecho procesal y a la doctrina y  jurisprudencia correspondientes, en atención a las circunstancias del caso”, lo cual sin duda, importa efectuar una interpretación normativa.

En tal sentido, el operador de la administración de justicia jamás podrá negar tutela jurisdiccional efectiva pretendiendo escudarse en el defecto o en la deficiencia de la ley, esto es, en la inidoneidad real o aparente, de la norma que regula el supuesto fáctico que dio lugar al inicio del proceso o en su insuficiencia. Pero claro, el problema no está en falta de administración de justicia por defecto o deficiencia de la ley, sino en la irrestricta aplicación del principio de legalidad que limita la posible actividad interpretativa olvidando los fines para los cuales es creado un proceso.

Enseña Aníbal Quiroga que “El ciudadano no solo debe tener las garantías procesales de un juzgamiento adecuado, razonable, legitimo y legal, sino que el juzgamiento en sí mismo debe ser producto, o mejor dicho, debe contener intrínsecamente en todo momento, el denominado Principio de Razonabilidad, sin el cual no podremos jamás enfrentarnos a un juicio ponderado, justo, equitativo, legitimo y que tenga como fin una sentencia judicial que efectivamente sea producto del ejercicio de subsunción que todo juzgador debe realizar.

La razonabilidad en el acto de juzgar a una persona es, por encima de cualquier otro derecho, tal vez lo que mas debe preocupar hoy en día, puesto que no solo se requiere contar con procedimientos impecables, intachables, transparentes y absolutamente respetuosos de las reglas procesales que existen en todo ordenamiento jurídico, sino que, en el desarrollo de la relación jurídico procesal, la actividad del juzgador deberá tener presente en todo momento sí efectivamente lo que se realiza es un acto razonable o no”.[19]

Sin duda alguna, él tiene razón puesto que el limite al principio de legalidad lo constituye el principio de razonabilidad, el cual se ve materializado en la valoración que hará el juzgador entre lo razonablemente justo y lo legalmente injusto, prefiriendo lo primero de modo tal que todo aquello legalmente injusto pueda ser constitucionalizado mediante la actividad interpretativa.

Pues si algo es cierto es que “Para resolver cualquier caso concreto es obligatorio interpretar la normativa aplicable al mismo, pues resulta casi insoslayable que para aplicar cualquier precepto legal a un caso práctico, se precisa una tarea encaminada a indagar el sentido y alcance del mismo, porque incluso cuando se invoca el principio, in claris non fit interpretatio es porque previamente la interpretación del caso ha conducido al convencimiento de que es clara, sencilla y sin ambigüedades”.[20] 

Y más aun, el Juzgador como ente administrador de justicia debe –aplicando el principio de razonabilidad- descartar el posible defecto o deficiencia de que pudiere adolecer la norma a aplicar, determinando la verdadera intención de lo que ha querido regular el precepto legal aplicable[21] y en caso se demostrase la irregularidad de éste –por defectuoso o deficiente-, corresponderá al Juez constitucionalizar la norma mediante la actividad interpretativa, toda vez que “en un proceso orientado en la tutela de los derechos fundamentales, los requisitos procesales no se deben transformar en formalismos procesales[22] que limiten la realizacíon de aquellos y si ello no fuera posible recurrir a efectuar el control difuso de la norma.

Como lo manifiesta el profesor español Rafael De Asis, “La interpretación es una actividad fundamental en el Derecho, hasta el punto que cabe afirmar que es la principal tarea del operador jurídico. El papel que desempeña la interpretación en el Derecho es consecuencia además del carácter de sus enunciados y de la necesidad de que estos puedan adaptarse a distintas circunstancias conceptuales o históricas”.[23]

Para facilitar la labor interpretativa de los entes encargados de administrar justicia, existen algunos criterios de interpretación que podrían facilitar su labor, tales como:

Criterio Sistemático: Que exige interpretar enunciados normativos en conformidad con el subsistema en el que éstos hayan sido insertos y, en definitiva, con el sistema jurídico en general; es decir, que el juzgador deberá verificar que el sentido que se le dé a la norma aplicable sea compatible con el resto del ordenamiento jurídico sin generar desequilibrio en el mismo.

Criterio Consecuencialista: Que exige interpretar enunciados normativos dotándolos de significado en atención a las consecuencias que se presume son las adecuadas; es decir, que el juzgador deberá interpretar las normas de modo tal que sean razonablemente justas asegurando la vigencia en principio de los derechos fundamentales de la persona (respeto a su dignidad) y como consecuencia natural, asegurando el logro de los fines del proceso para la realización del Estado de Derecho.

Criterio de Reducción al Absurdo: Que exige interpretar enunciados normativos dotándolos de significado afirmando que otra significación produciría consecuencias absurdas; es decir, que el juzgador deberá demostrarse a si mismo y a su entorno que la interpretación que otorga a la norma aplicable es la más eficiente debido a que otra significación a la misma generaría la vulneración a los preceptos señalados.

Criterio de Analogía: Que exige interpretar enunciados normativos acudiendo a otro u otros enunciado que se refieren a supuestos semejantes en los que existe identidad de razón; es decir, que el juzgador deberá buscar al interior del ordenamiento jurídico supuestos normativos similares para determinar sus consecuencias normativas y equipararlas al supuesto normativo legalmente injusto.

Todos estos criterios interpretativos ayudarán a facilitar la labor interpretativa del juzgador para ver materializada la aplicación del principio de razonabilidad en los supuestos que el principio de legalidad, asumido de manera obsesiva por los administradores de justicia, impida el logro de los fines del proceso vulnerando la dignidad humana y desconociendo el fin supremo de todo Estado de Derecho.

V. CONCLUSIONES.

  1. La persona humana, el respeto de sus derechos fundamentales y de su dignidad como ser humano exige del Estado que ante los requerimientos de aquel, éste ponga en marcha a sus órganos competentes para brindar tutela jurisdiccional y así lograr el ideal de justicia en el ciudadano, entendido como aquel valor supremo consistente en darle a cada quien lo que se merece.
  2. Sin embargo, nuestro ordenamiento jurídico, adolece de defectos y deficiencias en su legislación vigente, que al aplicarla literalmente por la “supuesta” claridad en el texto normativo, devenga la generación de un daño al ciudadano así como a su proyecto de vida por ver frustradas sus intenciones de ver materializado su ideal de justicia.
  3. Dicha actitud de los administradores de justicia, lamentablemente, en principio demuestra carencia de actividad interpretativa y en segundo lugar, si bien genera un daño al ciudadano, éste no es indemnizable en virtud del principio de legalidad que obliga a los juzgadores a aplicar los preceptos normativos conforme al texto claro de la norma, al extremo que el artículo 418º del Código Penal sanciona a aquellos jueces que resuelvan sus causas de modo contrario al texto expreso de la ley.
  4. Sin duda alguna el principio de legalidad es necesario en todo ordenamiento jurídico pues de lo contrario no habría un orden social por los procederes anárquicos que asumiría la sociedad; pero este principio no es ilimitado ni excluyente de otros principios y no debe ser asumido en forma obsesiva al pretender “administrar justicia” puesto que la existencia de textos normativos defectuosos o deficientes no permitirá de ninguna manera cumplir con los fines del proceso, brindar tutela jurisdiccional, realizar el ideal supremo de justicia y cumplir con los fines de todo Estado de Derecho como es el respeto a la persona humana y a su dignidad.
  5. Por ello, existe al interior de todo ordenamiento jurídico el principio de razonabilidad –así denominado por la doctrina- que obliga a los administradores de justicia, si bien a seguir los lineamentos normativos expresos, a previamente interpretar los textos normativos determinando la idoneidad de éstos para el caso concreto, es decir, determinar si estos son razonablemente justos o legalmente injustos, prefiriendo aplicar aquellos que cumplan la primera condición.
  6. En el supuesto que se determinase que un precepto normativo es legalmente injusto sea por defectuoso o deficiente, el juzgador debe pretender en todo momento la constitucionalización de los textos normativos recurriendo a la actividad interpretativa y empleando criterios de interpretación como el: Sistemático, Consecuencialista, de Reducción al Absurdo y Analogía, los que permitirán facilitar la actividad de administración de justicia a los ciudadanos que ven depositadas sus expectativas y sueños en el Estado de Derecho, en la esperanza de ver realizado el ideal supremo de justicia.

 


[1] Así reza la Carta Constitucional del Estado Peruano cuando en su artículo 1º señala que “La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado”

[2]el ordenamiento jurídico ha previsto –sin decirlo expresamente- que hacer justicia, para ser más precisos, es darle a cada uno lo que se merece” Vid. Camargo Acosta, Johan S. El Concepto de Justicia a partir del Derecho a la Tutela Jurisdiccional y el Derecho al Juez Natural, en Temas de Derecho Procesal Peruano, Director: Johan S. Camargo Acosta. Editorial ADRUS, Arequipa: Julio 2007. p. 111.

[3] Artículo 404º del Código Procesal Civil.

[4] Cuando se tratare de normas defectuosas deberá procederse dando el mismo tratamiento.

[5] Alsina, Hugo. Las nulidades en el proceso civil, Editorial ARA, Lima: Julio 2006. p. 11.

[6] Taboada Córdova, Lizardo. Elementos de la responsabilidad civil. Editorial GRIJLEY, Lima: Mayo 2003. p. 29.

[7] Taboada Córdova, Lizardo. Op. Cit. p. 32.

[8] Idem.

[9] La expresión “bien” debe entenderse como derechos o intereses.

[10] Taboada Córdova, Lizardo. Op. Cit. p. 34.

[11] No necesariamente material, pues básicamente lo que se generaría es un daño moral en tanto la frustración del justiciable de ver diluidas sus esperanzas de alcanzar su ideal de justicia en el órgano que para tal efecto ha creado el Estado de Derecho o la imposibilidad del proyecto de vida que en determinado momento fue posible hasta que el principio de legalidad terminó volviéndose en invocación obsesiva del ente administrador de justicia.

[12] Alsina, Hugo. Op. Cit. p. 16.

[13] García Toma, Víctor. Introducción a las Ciencias Jurídicas. Editorial JURISTA, Lima: Abril 2007. p. 25.

[14] Plácido V. Alex F. Prólogo a Violencia Familiar, Interés de todos de Carolina Ayvar Roldán. Editorial ADRUS, Arequipa: Octubre 2007, p. 13.

[15] García Toma, Víctor. Introducción a las Ciencias Jurídicas. Editorial JURISTA, Lima: Abril 2007. p. 25.

[16] Plácido V. Alex F. Prólogo a Violencia Familiar, Interés de todos de Carolina Ayvar Roldán. Editorial ADRUS, Arequipa: 2007, p. 13.

[17] García Toma, Víctor. Introducción a las Ciencias Jurídicas. Editorial JURISTA, Lima: Abril 2007. p. 29.

[18] Plácido V. Alex F. Prólogo a Violencia Familiar, Interés de todos de Carolina Ayvar Roldán. Editorial ADRUS, Arequipa: 2007, pp. 13-14.

[19] Quiroga León, Aníbal. El debido proceso legal en el Perú y el sistema interamericano de protección de derechos humanos. Editorial JURISTA, Lima: Julio 2003. p. 25.

[20] De Asís Roig, Rafael. El razonamiento judicial. Editorial ARA, Lima: Enero 2007. p. 113.

[21] En el mismo sentido, Roberto Alfaro señala que la literalidad no debe excluir el concepto de justicia sosteniendo que “El Juez debe también identificar, la sería y mutua intención y finalidad de las partes en el acto jurídico; y no guiarse únicamente de la literalidad (redacción) de las palabras en el documento. La literalidad no debe excluir la justicia” en Alfaro Pinillos, Roberto. Sepa: Como Negociar, Celebrar y Ejecutar un Contrato. Editorial ADRUS, Arequipa: Noviembre 2006.

[22] Rolla, Giancarlo. . Juicio de Legitimidad Constitucional en Vía Incidental y Tutela de los Derechos Fundamentales, en Id est Ius Año II Nº 2. Editorial ADRUS, Arequipa: Junio 2006. p. 21.

[23] De Asís Roig, Rafael. El razonamiento judicial. Editorial ARA, Lima: Enero 2007. p. 112.

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