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Lo que se debe saber para resolver un misterio con éxito… apuntes en torno a la interpretación jurídica

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Libro Colectivo: CÓDIGO PROCESAL CIVIL COMENTADO POR LOS MEJORES ESPECIALISTAS - Tomo I

PUBLICADO EN: libro colectivo "Código Procesal Civil comentado por los mejores especialistas - Tomo I". Autores varios, Ed. ADRUS, Arequipa: Mayo 2010, pp. 851-864

SUMARIO: I. Ideas preliminares. – II. La norma jurídica. – III. Principales problemas en la aplicación de la norma jurídica. – IV. La interpretación jurídica. – V. Criterios y métodos de interpretación jurídica. . VI. Intérpretes de la norma jurídica. – VII. Ubicación de los plenos jurisdiccionales. – VIII. Conclusiones.

I. IDEAS PRELIMINARES

Concebir nuestra vida en sociedad, supone entre otras cosas el aceptar que nos encontramos al interior de un grupo organizado mediante una muy conocida y familiar denominación llamada “Estado”; por ello, como premisa al desarrollo del fondo del presente artículo resulta prioritario buscar una aproximación, cuando menos parecida al concepto de Estado.

Aportando en forma importante, Marcial Rubio Correa define al “Estado” como “la forma superior y más poderosa de organizar el poder dentro de la sociedad[1], asimismo señala que el poder es “la capacidad que tiene una persona (o un grupo) de lograr que las conductas de los demás sean realizadas de acuerdo a los términos que ella (o ellos) fijan[2]. Por su parte el maestro Carnelutti señala que “La sociedad al transformarse por obra del Derecho, o sea, según el modo acostumbrado de hablar, cuando está ordenada jurídicamente, se llama Estado[3].

En atención a lo expuesto, podría definirse entonces al Estado como aquel grupo social que en forma organizada estructura el poder mediante determinadas normas o reglas de conducta a las que se les denomina Derecho, con las cuales logrará ejercer influencia sobre sus miembros para que éstos adecúen sus conductas a las reglas prefijadas por aquel.

El Derecho es entonces aquel conjunto de normas o reglas de conducta “ideado por los hombres, para orientar, mediante fines y valores, su conducta hacia un deber ser que les permita asegurar la coexistencia social y su plena realización personal[4]

Cuando esto ha ocurrido podremos decir que el Estado como forma organizada del poder, organizado jurídicamente se ha convertido en un Estado de Derecho. En contraposición a esta afirmación, toda forma organizada del poder en la que no medie un conjunto de normas o reglas de conducta, en la que no medien fines o valores, podrá ser considerado a lo sumo como Estado pero no de Derecho, es entonces requisito indispensable la existencia del conjunto normativo para la configuración del Estado de Derecho.

Dicho esto, se evidencia que en forma subordinada, pero no menos importante, es imprescindible aproximarnos a una definición de “norma jurídica”.

II. LA NORMA JURÍDICA

Marcial Rubio sostiene que “La norma jurídica es un mandato de que a cierto supuesto debe seguir lógico-jurídicamente una consecuencia, estando tal mandato respaldado por la fuerza del Estado para el caso de su eventual incumplimiento[5]

Por su parte, Víctor García refiere que “La norma jurídica es aquella regla de conducta dictada en un tiempo y lugar determinados y que, con vocación de plasmar fines y valores de naturaleza jurídica, señala la obligación de hacer o no hacer algo u otorga la facultad de decidir sobre ello[6]

Puede concluirse entonces que la norma jurídica es aquel mandato o regla de conducta dictada en un tiempo y lugar determinados, con vocación de plasmar fines y valores de naturaleza jurídica, que prescribe una obligación de hacer o no algo permitiendo al destinatario decidir sobre ello, al que debe sucederle una consecuencia lógico-jurídica que regule su incumplimiento, contando con el respaldo estatal para hacer efectiva su ejecución.

Debe anotarse que en muchos casos se suele considerar que la norma jurídica constituye una sola proposición, es decir, se equipara la expresión norma jurídica a la de artículo legislativo; empero, “esto es errado porque, en un mismo artículo, puede haber una o más normas jurídicas[7]

Es importante destacar además que “La mayoría de las expresiones simbólicas, especialmente en el lenguaje, denotan y connotan a la vez[8]. Se entiende por denotación lo que en forma clara y expresa señala la norma jurídica y por connotación a todo aquel significado contenido en la norma jurídica pero que no se encuentra graficado expresamente en la misma y que se obtiene como producto del análisis diferido o indirecto que se realiza a la misma.

La técnica de aplicación de la norma jurídica supone que las expresiones denotadas por ésta sean enmarcadas con el supuesto de hecho acontecido en la realidad y recién a partir de allí buscar lo que la norma jurídica connota.[9]

III. PRINCIPALES PROBLEMAS EN LA APLICACIÓN DE LA NORMA JURÍDICA

Si bien es cierto, el ordenamiento jurídico regula en gran medida todas las posibles relaciones interpersonales entre los ciudadanos o de éstos con el Estado, que pudieren ocurrir, a cuyas consecuencias interesa a la sociedad otorgarles una solución; no siempre el ordenamiento jurídico irá de la mano con los avances o necesidades de la sociedad, por lo que surgirán diversos problemas en la aplicación de la norma jurídica, bien sea porque la norma que regula una determinada situación puede querer decir algo distinto o complementario a lo que se encuentra expresamente prescrito o bien por que en algunas ocasiones pese a existir un sistema jurídico, éste no aporte una solución específica al problema o conflicto acontecido que el Derecho debiera regular. Este último caso se presenta cuando en la realidad existe un suceso que “debería ser normado por el Derecho en sus consecuencias, pero no está exactamente previsto en el supuesto de ninguna norma.[10] A esta circunstancia se le denomina laguna del Derecho.

En la técnica de aplicación de la norma jurídica, antes de aplicar la misma se debe previamente atravesar tres pasos: el primero que exige conocer el derecho (que incluye la dogmática) aplicable al caso concreto, ello claro, siempre que exista norma aplicable; luego de ello se debe saber que es lo que dice cada una de las normas aplicables y finalmente el tercer paso consistirá en determinar que es lo que verdaderamente quieren decir las normas aplicables al caso concreto. La forma de determinar el que quiere decir de la norma será mediante el ejercicio o actividad interpretativa[11]

IV. LA INTERPRETACIÓN JURÍDICA

La interpretación, como lo manifiesta el profesor español Rafael De Asis, “es una actividad fundamental en el Derecho, hasta el punto que cabe afirmar que es la principal tarea del operador jurídico. El papel que desempeña la interpretación en el Derecho es consecuencia además del carácter de sus enunciados y de la necesidad de que estos puedan adaptarse a distintas circunstancias conceptuales o históricas”.[12]

Interpretar consiste en “determinar o asignar un sentido a ciertos signos, expresiones o palabras, a fin de hacerlos comprender dentro de un determinado objeto[13]; la interpretación jurídica consiste en “desentrañar el significado último del contenido de las normas jurídicas cuando su sentido normativo no queda claro a partir del análisis lógico-jurídico interno de la norma[14]. La interpretación jurídica “hace referencia a una determinación orientada a establecer el sentido y alcance de los preceptos jurídicos, en relación con un suceso o conjunto de sucesos a los cuales podrán o deberán aplicarse[15]

Interpretar supone además, tener muy en claro que consiste en una actividad personalísima, toda vez que la tarea de asignar un sentido a la realidad que se percibe no se efectúa en forma colectiva sino que se traduce en un ejercicio mental realizado en forma personal, correspondiendo al propio sujeto la asignación de este sentido, toda vez que la explicación que asigne a una determinada situación dependerá única y exclusivamente de la percepción que el intérprete posea de la realidad que vive; por ello no necesariamente una misma cosa ha de ser entendida por una colectividad con los mismos alcances, empero, lo que si ocurre es que los miembros de una colectividad al efectuar cada uno de ellos su propio ejercicio mental encuentre una coincidencia entre el sentido asignado a una determinada situación y el asignado por los demás a la misma situación.

La interpretación jurídica “ocurre cuando existiendo una norma jurídica aplicable, su sentido normativo no resulta claro bien porque su texto no es claro, bien porque existe cierta dificultad para aplicar el supuesto de la norma al hecho que ocurre en la realidad y que es al que se pretende normar[16]

El problema de la interpretación jurídica “aparece cuando el qué quiere decir la norma jurídica aplicable, no queda suficientemente claro a partir de la aplicación de la teoría de las fuentes y del análisis lógico-jurídico interno de la norma. Este problema de interpretación puede surgir del texto mismo (es oscuro en si) o de su aplicabilidad a un caso concreto (el texto normativo es claro, pero no se puede saber con claridad su significado a partir de los matices fácticos del caso al que se quiere aplicarla)[17]

Si algo es cierto es que “para resolver cualquier caso concreto es obligatorio interpretar la normativa aplicable al mismo, pues resulta casi insoslayable que para aplicar cualquier precepto legal a un caso práctico, se precisa una tarea encaminada a indagar el sentido y alcance del mismo, porque incluso cuando se invoca el principio, in claris non fit interpretatio es porque previamente la interpretación del caso ha conducido al convencimiento de que es clara, sencilla y sin ambigüedades”.[18] 

El Juez puede buscar, entre las posibles interpretaciones, aquella conforme a la Constitución, evitando plantear la cuestión ante la Corte Constitucional; utilizando de esta manera las normas constitucionales como cánones legales de interpretación sistemática del ordenamiento jurídico vigente y puede llegar a tal resultado haciendo referencia a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.[19]

Y más aun, el Juzgador como ente administrador de justicia debe –aplicando los Principios Generales del Derecho- descartar el posible defecto o deficiencia de que pudiere adolecer la norma a aplicar, determinando la verdadera intención de lo que ha querido regular el precepto legal aplicable[20] y en caso se demostrase la irregularidad de éste –por defectuoso o deficiente-, corresponderá al Juez constitucionalizar la norma mediante la actividad interpretativa.

Esta actitud a asumir por el Juzgador tiene su fundamento en el principio pro homine y pro libertatis, en base al cual las disposiciones deben ser interpretadas de la manera más favorable a la persona humana; en consecuencia, deben ser interpretadas exclusivamente aquellas que favorecen a la persona humana y restrictivamente aquellas que introducen limitaciones al ejercicio de los derechos fundamentales. En otros términos, en el caso de disposiciones susceptibles de recibir diferentes interpretaciones, se debe utilizar la interpretación conforme a la Constitución y, en consecuencia, más favorable al recurrente en el proceso a quo[21]

El problema de la atribución de un significado particular a la norma jurídica por los Tribunales –Jueces- a los cuales se somete el caso concreto, es que no tiene eficacia erga omnes; o dicho de otro modo, la interpretación no es vinculante, no genera obligación de aplicar en el mismo sentido a los demás Tribunales, ello debido al carácter personalísimo de supone el ejercicio mental de interpretación.

La única posibilidad que la interpretación se constituya en vinculante ocurre cuando ésta labor se efectúa por el Tribunal Constitucional mediante la emisión de Sentencias Interpretativas Estimatorias que: “consienten al juez de la constitucionalidad de las leyes elegir, entre los posibles significados que se pueden extraer de una disposición, aquel que es incompatible con la Constitución y declararlo inconstitucional, salvando a todos los demás. Con la sentencia interpretativa estimatoria, el Tribunal Constitucional elimina del ordenamiento jurídico no a la disposición entera, sino a uno de sus posibles significados, o mejor dicho, a una de las normas que puede ser desnucleada; la disposición sigue siendo aplicada y produce sus efectos, con la excepción de la norma considerada inconstitucional. Las sentencias aditivas, a su vez, se caracterizan porque; aún declarando la inconstitucionalidad de la norma, producen efectos positivos, es decir, introducen en el ordenamiento normas nuevas que inicialmente no se obtienen del texto normativo”[22]

En el supuesto de existir una laguna de Derecho, lo que corresponderá además de realizar, además de recurrir a la interpretación jurídica es recurrir a la integración jurídica, toda vez que ésta “se produce cuando no hay norma jurídica aplicable y se debe, o se considera que se debe producir una respuesta jurídica al caso planteado[23]

V. CRITERIOS Y MÉTODOS DE INTERPRETACIÓN JURÍDICA

Es importante efectuar un deslinde entre los conceptos de “criterio” y de “método”, puesto que las máximas de experiencia fundamentadas en el diario intercambio de opiniones con y entre los operadores jurídicos, demuestra que existe en la mayoría de casos una seria y preocupante confusión entre estos dos conceptos, no siendo ajena la circunstancia de encontrar a quien confunda estos dos conceptos como si fueran lo mismo. 

Por un lado, tenemos que un criterio es una condición/regla que permite realizar una elección, lo que implica que sobre un criterio se pueda basar una decisión o un juicio de valor.[24]

Mientras que los métodos de interpretación “son procedimientos metodológicos en base a los cuales, podemos obtener conclusiones positivas frente al qué quiere decir la norma jurídica[25]

Cuando se está frente a una norma se aplican inicialmente los métodos de interpretación a fin de determinar todas las posibles formas de su aplicación y una vez logrado este objetivo, corresponderá al juzgador mediante el empleo de los criterios de interpretación elegir el significado correcto aplicable de la norma jurídica.

Para facilitar la labor interpretativa de los entes encargados de administrar justicia, existen algunos criterios y métodos de interpretación que coadyuvan a tal fin, constituidos por:

Criterio Consecuencialista o Teleológico: Que exige interpretar enunciados normativos dotándolos de significado en atención a las consecuencias que se presume son las adecuadas; es decir, que el juzgador previamente ha establecido los objetivos perseguidos por el Derecho y deberá interpretar las normas de modo tal que sean razonablemente justas asegurando la vigencia en principio de los derechos fundamentales de la persona (respeto a su dignidad) y como consecuencia natural, asegurando el logro de los fines del proceso para la realización del Estado de Derecho.

Criterio Axiológico: Que exige interpretar los enunciados normativos, de modo tal que el resultado derivado de la actividad interpretativa se adecúe determinados axiomas imprescindibles para el Derecho.

Criterio de Reducción al Absurdo: Que exige interpretar enunciados normativos dotándolos de significado afirmando que otra significación produciría consecuencias absurdas; es decir, que el juzgador deberá demostrarse a si mismo y a su entorno que la interpretación que otorga a la norma aplicable es la más eficiente debido a que otra significación a la misma generaría la vulneración a los preceptos señalados. Una norma puede ser objetivo de diversas interpretaciones, por ello la cuestión de constitucionalidad puede ser utilizada no tanto para abrir un juicio sobre una disposición, sino contra una interpretación de la misma.[26] 

Criterio de Analogía: Que exige interpretar enunciados normativos acudiendo a otro u otros enunciado que se refieren a supuestos semejantes en los que existe identidad de razón; es decir, que el juzgador deberá buscar al interior del ordenamiento jurídico supuestos normativos similares para determinar sus consecuencias normativas y equipararlas al supuesto normativo legalmente injusto.

Criterio Tecnicista: Que exige interpretar los enunciados normativos a partir del Derecho mismo, empleando una técnica meramente legal sin valerse de otros elementos ajenos a la legalidad y los que de ésta se deriven en forma directa como: el texto expreso de la norma, su ratio legis, antecedentes legislativos, sistemática y dogmática. Como señala Marcial Rubio: “La literalidad de la norma es su significado lingüístico, con las precisiones y significados especiales que ciertas palabras asumen en el Derecho por contraste con su significado común. La ratio legis de la norma es su razón de ser, pero extraída del texto mismo de la norma. Es un significado transliteral. (…)  Los antecedentes jurídicos son la información previa a la existencia de la norma que sirve para poder entender por qué dice lo que dice y con cuál intención se la hizo decir eso. Los antecedentes jurídicos son las normas que quedaron derogadas por ella, los debates del organismo que la aprobó, los documentos sustentatorio, etc. La sistemática es (…) el análisis del sentido de una norma en función de sus grupos, sub-conjuntos y conjunto, contribuye a aclarar el significado de las normas. La dogmática es el conjunto de conceptos que subyacen a las normas jurídicas, armonizándolas y dándoles sentido.[27]

Criterio Sociológico: Que exige interpretar los enunciados normativos de modo tal que el resultado de la actividad interpretativa se mimetice a la realidad social en la que se aplicará el precepto legal.

Método Literal: Que exige interpretar los enunciados normativos conforme a su texto expreso, dotándolo de significado de acuerdo a las reglas de la lingüística común con la salvedad que alguno de sus términos tuviere una significación especial para el Derecho. “El método literal es el primero a considerar necesariamente en el proceso de interpretación porque decodifica el contenido normativo que quiso comunicar quien dictó la norma. Sin embargo, el método literal suele actuar, implícita o explícitamente, ligado a otros métodos para dar verdadero sentido a las interpretaciones y, en muchos casos, es incapaz de dar una respuesta interpretativa adecuada[28]

Método de la Ratio Legis: Que exige interpretar los enunciados normativos a partir de lo que la norma connota, es decir buscando la razón de ser de la norma, el porqué de su existencia.

Método Sistemático: Que exige interpretar enunciados normativos en conformidad con el subsistema en el que éstos hayan sido insertos y, en definitiva, con el sistema jurídico en general; es decir, que el juzgador deberá verificar que el sentido que se le dé a la norma aplicable sea compatible con el resto del ordenamiento jurídico sin generar desequilibrio en el mismo. Este a su vez se divide en:

a.    Método sistemático por comparación con otras normas: Que permite atribuir tanto principios como conceptos indudables para otras normas que no están claros en la que se pretende interpretar. La condición para trasladas los principios y conceptos de otras normas a la norma interpretada es que ambas tengan una ratio legis equivalente, caso contrario no sería un método de interpretación eficiente.

b.    Método sistemático por ubicación de la norma: Que permite interpretar la norma atribuyéndole el sentido interpretativo establecido para la estructura normativa a la cual pertenece.

Método Histórico: Que exige interpretar los enunciados normativos recurriendo a todos aquellos antecedentes jurídicos vinculados a la norma que permitan conocer la voluntad del legislador, pues conociendo ésta, sabremos lo que aquel quiso legislar. Sin embargo, “la validez de este método es discutida por varias razones. La primera que, muchas veces, la intención del legislador no puede averiguarse lo que hace que el método sea poco aplicable desde el punto de vista de la cantidad de normas existentes. De otro lado, se argumenta que aún cuando exista material suficiente para poder reconstruir la intención del legislador, tal reconstrucción siempre es subjetiva del intérprete, de decir, una proyección suya. Finalmente, y tal vez lo más importante, el método histórico fija las concepciones jurídicas sobre el tema legislado en el momento que el legislador produjo la norma lo que no atiende a la evolución social y a las necesarias adaptaciones que deben producirse por esta razón. En este sentido, si en muchos casos la interpretación histórica puede ser esclarecedora, en otros puede constituir una forma cuestionable de entender al Derecho por su contenido conservador[29]

Método Sociológico: Que exige interpretar los enunciados normativos tomando en cuenta las características de la realidad social del grupo en la que se aplica la norma.

Todos estos criterios y métodos interpretativos ayudarán a facilitar la labor interpretativa del juzgador para ver materializada la aplicación del Derecho; sin embargo es posible que el interprete luego de realizado el ejercicio interpretativo utilizando todos los métodos descritos, encuentre más de un resultado, por lo que tendrá que elegir entre las diversas posibilidades de aplicación de la norma que se le presenten empleando para ello los criterios serán fundamentales en el encauzamiento del proceso de elección.

VI. INTÉRPRETES DE LA NORMA JURÍDICA

Si se desarrolla los alcances y funcionamiento de la interpretación jurídica debemos sin duda determinar quienes son o deben ser los encargados de dotar de sentido a la norma de acuerdo a las consideraciones que hemos formulado; en este contexto, la doctrina reconoce como intérpretes de la norma jurídica a:

Interpretación Auténtica: Es aquella realizada en forma directa por la autoridad de la cual emanó la norma, y que además tiene competencia para derogarla, respecto de la cual se tiene duda sobre su sentido interpretativo.

Interpretación Jurisprudencial: Este tipo de interpretación es realizado por los tribunales (Corte Suprema y Tribunal Constitucional) que administrando justicia tienen facultad para aplicar o dotar de sentido a la norma respecto de la cual se tiene duda sobre su sentido interpretativo, dotándola del mismo en mérito a los criterios y métodos interpretativos estudiados.

Interpretación Doctrinal: La realizan personas comunes que sin estar vinculadas ni al poder estatal del cual emanó la norma respecto de la cual se tiene duda sobre su sentido interpretativo ni a los órganos estatales encargados de aplicarla, la dotan de sentido, teniendo un valor netamente académico.

VII. UBICACIÓN DE LOS PLENOS JURISDICCIONALES

Un aspecto no contemplado por la doctrina respecto de los intérpretes de la norma jurídica está constituido por la condición que ostenta o deben ostentar los plenos jurisdiccionales, sean estos supremos, casatorios, nacionales, regionales, distritales o cual fuere su denominación, celebrados por los magistrados de nuestro país, toda vez que dada la naturaleza de los plenos jurisdiccionales, es manifiestamente imposible ubicar a los mismos dentro de la interpretación auténtica o de la doctrinal, por lo que residualmente nuestra alternativa de ubicación de los plenos sería la interpretación jurisprudencial, empero, ¿ello sería correcto?

Los plenos jurisdiccionales son foros celebrados por los magistrados del poder judicial en los cuales se propone la discusión y debate de determinados problemas –entiéndase los principales- relacionados con el ejercicio de la función jurisdiccional, a efectos de encontrar y asignar un sentido a las normas jurídicas, para su posterior aplicación a casos concretos.

Así, si bien la interpretación jurisprudencial la realizan los tribunales (Corte Suprema y Tribunal Constitucional), esta labor se encuentra restringida a la Corte Suprema y al Tribunal Constitucional –en sentido estricto-, por lo que los plenos jurisdiccionales regionales o distritales no podrían enmarcarse en este tipo de interpretación; asimismo, la interpretación jurisdiccional como se ha hecho referencia se efectúa de manera concreta, es decir, durante la tramitación de un proceso determinado; mientras que los plenos jurisdiccionales otorgan un sentido a la norma jurídica de manera preventiva a los futuros casos que pudieran presentarse en un encuentro de magistrados y no al interior de un proceso concreto.

Dicho esto, la interpretación jurídica efectuada mediante los plenos jurisdiccionales conlleva necesariamente a la incorporación de un cuarto intérprete de la norma jurídica constituido por los magistrados del poder judicial que con ocasión de un encuentro de éstos y ante los problemas interpretativos que presente una norma jurídica realizan una Interpretación Jurisdiccional Preventiva.

La interpretación asignada a la norma jurídica mediante los plenos jurisdiccionales, al igual que la interpretación asignada por cualquier otro intérprete, no tiene fuerza vinculante para quienes participaron del pleno y para todos aquellos magistrados que integran la parte que participó del pleno jurisdiccional, sino cumple una función meramente orientadora para el ejercicio de la labor jurisdiccional permitiendo la predictibilidad de las resoluciones jurisdiccionales.[30]

VIII. CONCLUSIONES

Primera.- El Estado es aquel grupo social que en forma organizada estructura el poder mediante determinadas normas o reglas de conducta a las que se les denomina Derecho, con las cuales logrará ejercer influencia sobre sus miembros para que éstos adecúen sus conductas a las reglas prefijadas por aquel.

Segunda.- La norma jurídica es aquel mandato o regla de conducta dictada en un tiempo y lugar determinados, con vocación de plasmar fines y valores de naturaleza jurídica, que prescribe una obligación de hacer o no algo permitiendo al destinatario decidir sobre ello, al que debe sucederle una consecuencia lógico-jurídica que regule su incumplimiento, contando con el respaldo estatal para hacer efectiva su ejecución.

Tercera.- El ordenamiento jurídico no siempre irá de la mano con los avances o necesidades de la sociedad, por lo que surgirán diversos problemas en la aplicación de la norma jurídica, bien sea porque la norma que regula una determinada situación puede querer decir algo distinto o complementario a lo que se encuentra expresamente prescrito o bien por que en algunas ocasiones pese a existir un sistema jurídico, éste no aporte una solución específica al problema o conflicto acontecido que el Derecho debiera regular.

Cuarta.- Interpretar consiste en la tarea de asignar un sentido a la realidad que se percibe, la que se traduce en un ejercicio mental realizado en forma personal y no en forma colectiva, correspondiendo al Juez buscar, entre las posibles interpretaciones, aquella conforme a la Constitución.

Quinta.- El Juzgador como ente administrador de justicia debe –aplicando los Principios Generales del Derecho- descartar el posible defecto o deficiencia de que pudiere adolecer la norma a aplicar, determinando la verdadera intención de lo que ha querido regular el precepto legal aplicable y en caso se demostrase la irregularidad de éste –por defectuoso o deficiente-, corresponderá al Juez constitucionalizar la norma mediante la actividad interpretativa.

Sexta.- Esta actitud a asumir por el Juzgador tiene su fundamento en el principio pro homine y pro libertatis, en base al cual las disposiciones deben ser interpretadas de la manera más favorable a la persona humana.

Sétima.- La interpretación no es vinculante, puesto que no genera obligación de aplicar en el mismo sentido a los demás Tribunales, ello debido al carácter personalísimo de supone el ejercicio mental de interpretación; aún en los casos de los plenos jurisdiccionales, toda vez que estos cumplen una función meramente orientadora de la labor jurisdiccional.

Octava.- Para facilitar la labor interpretativa de los entes encargados de administrar justicia, existen algunos criterios y métodos de interpretación que coadyuvan a tal fin, no siendo posible recomendar un criterio o método en atención a que el ejercicio interpretativo es personalísimo.

Novena.- Los intérpretes de la norma jurídica se encuentran comprendidos dentro de la Interpretación Auténtica, que es realizada en forma directa por la autoridad de la cual emanó la norma, la Interpretación Jurisprudencial, que es realizada por los tribunales (Corte Suprema y Tribunal Constitucional) que administrando justicia tienen facultad para aplicar o dotar de sentido a la norma, la Interpretación Doctrinal, que la realizan personas comunes, teniendo un valor netamente académico y finalmente la Interpretación Jurisdiccional Preventiva, que es por los magistrados del poder judicial mediante los plenos jurisdiccionales.


[1] Rubio Correa, Marcial. El Sistema Jurídico (Introducción al Derecho), 7º Edición. Fondo Editorial PUCP, Lima: 1993. p. 43.

[2] Ibidem.

[3] Carnelutti, Francesco. Teoría General del Derecho. Editorial ARA, Lima: Julio 2006. p. 55.

[4] García Toma, Víctor. Introducción a las Ciencias Jurídicas. Editorial JURISTA, Lima: Abril 2007. p. 159.

[5] Rubio Correa, Marcial. Op. Cit., p. 79.

[6] García Toma, Víctor. Op. Cit., p. 187.

[7] Rubio Correa, Marcial. Op. Cit., p. 90.

[8] Rubio Correa, Marcial. Op. Cit., pp. 110-111.

[9] Cfr. Rubio Correa, Marcial. Op. Cit., p. 112.

[10] Rubio Correa, Marcial. Op. Cit., p. 233.

[11] Cfr. Rubio Correa, Marcial. Op. Cit., p. 239.

[12] De Asís Roig, Rafael. El razonamiento judicial. Editorial ARA, Lima: Enero 2007. p. 112.

[13] García Toma, Víctor. Op. Cit., p. 385.

[14] Rubio Correa, Marcial. Op. Cit., p. 239.

[15] García Toma, Víctor. Op. Cit., p. 385.

[16] Rubio Correa, Marcial. Op. Cit., p. 279.

[17] Rubio Correa, Marcial. Op. Cit., p. 242.

[18] De Asís Roig, Rafael. Op. Cit., p. 113.

[19] Rolla, Giancarlo. Juicio de Legitimidad Constitucional en Vía Incidental y Tutela de los Derechos Fundamentales, en Id est Ius Año II Nº 2. Editorial ADRUS, Arequipa: Junio 2006. p. 24.

[20] En el mismo sentido, Roberto Alfaro señala que la literalidad no debe excluir el concepto de justicia sosteniendo que “El Juez debe también identificar, la sería y mutua intención y finalidad de las partes en el acto jurídico; y no guiarse únicamente de la literalidad (redacción) de las palabras en el documento. La literalidad no debe excluir la justicia” en Alfaro Pinillos, Roberto. Sepa: Como Negociar, Celebrar y Ejecutar un Contrato. Editorial ADRUS, Arequipa: Noviembre 2006. p. 67.

[21] Rolla, Giancarlo. Op. Cit., p. 25.

[22] Ibidem.

[23] Rubio Correa, Marcial. Op. Cit., p. 279.

[24] http://es.wikipedia.org/wiki/Criterio

[25] Rubio Correa, Marcial. Op. Cit., p. 257.

[26] Rolla, Giancarlo. Op. Cit., p. 25.

[27] Rubio Correa, Marcial. Op. Cit., pp. 253-254.

[28] Rubio Correa, Marcial. Op. Cit., p. 259.

[29] Rubio Correa, Marcial. Op. Cit., p. 267.

[30] Vid. Numeral 17 de la Guía Metodológica de Plenos Jurisdiccionales aprobada por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial.

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